El grupo parlamentario Compromís ha denunciado que el decreto-Ley del Consell para impulsar la actividad comercial y agilizar la apertura de establecimientos comerciales y de ocio, aprobada ayer por el Consejo de Ministros no es la solución a los problemas y necesidades del sector del comercio minorista y puede generar el cierre de comercios ante la competencia desleal de las grandes superficies. El portavoz de Compromís en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, Fran Ferri, ha registrado en Les Corts Valencianes una iniciativa para defender el comercio de los pueblos y ciudades valencianas frente a las medidas del gobierno central.
La formación ha explicado que este decreto convalidado el jueves en el parlamento autonómico, elimina nueve de los 12 criterios que, según la Ley del Comercio aprobada el año pasado, tenía que tener en cuenta la Generalitat para autorizar la construcción de grandes superficies comerciales con un tamaño superior a los 2500 metros cuadrados.
Un estudio publicado hace unos meses en el boletín “Información Comercial Española” del propio Ministerio de Economía y Competitividad sostiene que la actual legislación comercial española ya es de las más liberales de Europa situándose al mismo nivel de regulación que la de Alemania y con mayor libertad de horarios que en Reino Unido, e Italia.
Según ha señalado Ferri “el problema del sector del comercio no es de regulación sino de falta de actividad económica. Lo que hay, por tanto, no es que las grandes superficies puedan abrir más festivos o hacer rebajas cuando quieran, sino que el Estado ataque los dos problemas principales de la economía española: el desempleo y el sobre endeudamiento de las familias, para a dinamizar la economía y reactivar el consumo. En este sentir la subida del IVA va en la dirección contraria “.
“Lo que pretende el Gobierno del PP con estas medidas aprobadas ayer es beneficiar a las grandes superficies, aunque ello suponga la destrucción del modelo de comercio de proximidad que no sólo genera empleo calidad sino que tiene efectos muy positivos para la regeneración de algunas zonas urbanas y la vida festiva, social y cultural de los barrios “, concluyó Ferri
Por otra parte el portavoz adjunto del grupo socialista en las Corts, Rafael Rubio, ha denunciado este domingo que la aprobación por parte del Consell del decreto-Ley que crea los Órganos de Certificación Administrativa (OCA) va a impedir que los ciudadanos puedan alegar contra la instalación de locales de ocio en su finca o en su calle.
El socialista ha explicado, a través de un comunicado, que la constitución de estos organismos privados “merma el derecho” de los ciudadanos a tener una información previa sobre los establecimientos de carácter recreativo y de espectáculo que se puedan instalar “debajo de sus casas”.
Ha señalado que, mientras que hasta ahora era el ayuntamiento quien otorgaba las licencias y abría un plazo de alegaciones para los vecinos, con la nueva normativa “se elimina este derecho de participación de los ciudadanos sobre una actividad que les afecta directamente”.
Por otra parte, el responsable socialista ha destacado que este decreto-Ley “no va agilizar los trámites” de la instalación de este tipo de negocios, como asegura el PP, y que incluso va a hacer el proceso “más caro para los propietarios”.
VLC Ciudad /Noticias Valencia
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