El juicio perfecto

Andrés Alonso Pons.
Abogado y Perito mercantil.

Hace tres años, siete trabajadores de una empresa del sector de la imagen y sonido aparecen en mi despacho. Hacía 18 días desde que se consideraban despedidos. La empresa, que unos años antes no era más que un grupo de amigos, se había constituido como sociedad y a través de otras sociedades se encargaba de retribuir a mis clientes. Al único que se le había hecho nomina era también el único de mis clientes con nacionalidad española. El resto se dividía por mitades entre los que estaban regularizados y los que carecían de tarjeta de residencia.

La primera de las actuaciones era, de manera perentoria presentar la papeleta de acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Generalitat Valenciana. Para ello, debíamos reconstruir toda la documentación laboral a partir de los trabajos y reportajes que habían realizado y que la empresa en cuestión había facturado a diferentes artistas en distintas ciudades.

Al acto de conciliación asistió la empresa. No hubo acuerdo, así que proseguimos a la vía judicial, donde fueron presentadas las demandas dentro del plazo de prórroga de 15 días.

Una vez admitidas las demandas se señaló fecha para juicio, compareciendo todos los clientes a prestar apoderamiento “apud acta” habida cuenta de que muchos de ellos ya tenían contratos y deberían viajar en breve. El juicio fue celebrado con la conformidad de una de las empresas (la que estaba cerrada) y el FOGASA, así que pasamos directamente a espera de que notificara la sentencia.

Ya en fase de ejecución, tras ser notificada la empresa y decretada la insolvencia por el Juzgado de ejecuciones sociales, nos dispusimos a reclamar ante el Fondo de Garantía Salarial, tanto los importes de los despidos como los salarios de tramitación, que por ley están limitados a 120 días de salario por trabajador.

En el FOGASA tuvimos varios requerimientos para subsanar la información judicial, sin olvidar que para reclamar se debe tener residencia regular en España. Así que en el ínterin varios trabajadores pudieron hacerlo exhibiendo entre otros la sentencia ante las autoridades de extranjería.

Finalmente el FOGASA dictó resolución asumiendo el pago correspondiente al despido y salarios de tramitación, moderando lo que consta en sentencia. A los pocos meses procedió a realizar el ingreso de lo acordado en resolución.

El balance final rozó la perfección, dado el cúmulo de trámites encadenados que debían abordarse y la dispersión geográfica de los clientes durante los tres años de proceso. También la falta de homogeneidad en la regularización e incluso los deseos de deserción de la reclamación dado que, como he mencionado al principio, todos eran amigos, al menos hasta el despido, fueron obstáculos a  salvar.

Al final, como comúnmente solemos decir, no existe proceso sencillo y ni mucho menos fácil. En este caso, las claves que han facilitado el éxito son: organizar el grupo con un portavoz, centralizar toda la información en el portavoz, apoderar al letrado para subsanar la reclamación en vía administrativa para con el FOGASA y, sobre todo, mantener los datos de contacto siempre al día. Un trabajo constante que requiere de dedicación plena. Y es que solo un buen abogado laboralista en Valencia sabe cómo hacer frente a cada situación.

Nuestro trabajo en muchas ocasiones puede parecer sencillo, pero les aseguro que no lo es. En materia laboral más si cabe. Los procesos tienen por costumbre ser muy duraderos, desgastan a sus integrantes y requieren de un abogado laboralista Valencia capaz, persistente y de confianza.


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