Soler reclama una reforma de la Ley de Estabilidad para adaptarla a un estado federal

El conseller de Hacienda propone que todas las administraciones (central, autonómica y local) participen en la toma de decisiones y en la fijación de horizontes fiscales | “La Administración central se ha apropiado de la gestión de la estabilidad y lo ha hecho siendo juez y parte para favorecer sus propios intereses”, ha lamentado Soler | De la reducción total del gasto llevada a cabo en el periodo 2011-2015, el 95% la han realizado comunidades autónomas y ayuntamientos, y el 5% el Estado

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha reclamado una reforma de la Ley de Estabilidad para adaptarla al funcionamiento de un estado federal, en el que todas las administraciones (central, autonómica y local) participen en la toma de decisiones de forma racional y tras un proceso de debate que lleve a la búsqueda de consensos sobre los objetivos.

“La Administración central se ha apropiado de la gestión de la estabilidad y la ha gestionado siendo juez y parte, favoreciendo sus intereses particulares. Esto no lo podemos aceptar y lo debemos denunciar por el bien de los ciudadanos”, ha señalado Vicent Soler.

“El horizonte de los ingresos fiscales no puede fijarlo una sola de las tres administraciones que existen constitucionalmente en España, ya que las tres administraciones gestionan competencias y todas ellas configuran conjuntamente el Estado. Por ello pedimos una reforma de la Ley de Estabilidad, no en cuanto a sus principios y objetivos que podemos compartir, sino en cuanto al modelo de toma de decisiones”, ha explicado el titular de Hacienda valenciano.

El conseller Vicent Soler ha realizado estas manifestaciones hoy en Málaga durante su intervención en la mesa de debate “La reforma de la Ley de Estabilidad: Visión de las comunidades autónomas y las entidades locales”. Allí ha estado acompañado por la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, Mª Jesús Montero; la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo; el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez; y el catedrático y director del Departamento de Contabilidad y Gestión de la Universidad de Málaga, Daniel Carrasco.

“El mayor esfuerzo, el de las comumidades”

“Las comunidades autónomas han reducido el gasto en mucha mayor medida que el Estado, que en ocasiones incluso lo ha incrementado. Sin embargo, existe el prejuicio de que las comunidades autónomas son despilfarradoras, cuando la realidad muestra justo lo contrario”, ha afirmado el conseller de Hacienda y Modelo Económico.

Al respecto, Vicent Soler ha expuesto los datos extraídos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) sobre el periodo 2011-2015. Según estos resultados, si atendemos a la reducción total del gasto llevada a cabo esos años, el 95% ha corrido a cargo de comunidades autónomas y ayuntamientos y el 5% a cargo del Estado. “Las comunidades autónomas somos las que más esfuerzo estamos haciendo. Hemos soportado los mayores ajustes derivados de la crisis y eso no se está reconociendo”, ha lamentado Vicent Soler.

Asimismo, si atendemos al ajuste del gasto realizado en servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, y servicios sociales) las comunidades autónomas han llevado a cabo una reducción de gasto del 9%. Por su parte, el Estado ha aumentado su gasto en los servicios públicos fundamentales que gestiona (pensiones y desempleo) y en el resto de protección social. Por lo que respecta al resto de partidas, la reducción del gasto aplicada en las comunidades autónomas ha alcanzado un 26%, mientras que en el caso del Estado ha sido del 6%.

“Existe un prejuicio que señala que las comunidades autonómicas tienen un exceso de propensión al gasto y un escaso deseo de compartir la responsabilidad fiscal. Pero los datos rebaten esta afirmación para mostrar que es sólo un prejuicio sin fundamento”, ha afirmado el conseller de Hacienda.

“¿Dónde ha estado el riesgo moral en el comportamiento de unas comunidades que han reducido el gasto real en sanidad, educación y protección social un 9% y en el resto de competencias un 26%? ¿Dónde en aquellas que, además, han aumentado el esfuerzo fiscal, como señala la Airef?”, ha reclamado Soler.

“Según esa vara de medir, ¿en qué riesgo moral habrá incurrido la Administración Central que no ha reducido su gasto en SPF y sólo lo ha hecho un 6% en el resto de servicios, ha bajado los impuestos antes de las elecciones y financiado una mayor proporción de su gasto con déficit? ¿Por qué no se habla de eso?”, se ha preguntado el titular de Hacienda.

Reforma para garantizar los servicios esenciales

Vicent Soler también ha abogado por una reforma que reasigne los recursos públicos en España para cubrir las competencias de cada administración. “La cuestión aquí es si la distribución vertical es equilibrada. Es decir, si el conjunto de los ingresos fiscales de las administraciones públicas están asignados proporcionalmente al gasto que debe gestionar cada una de ellas según sus competencias”, ha explicado Soler.

“Esto es muy relevante, pues pese a todos los ajustes realizados en el gasto y para poder sostener mínimamente la educación, la sanidad y las prestaciones sociales, las comunidades autónomas se han visto obligadas a endeudarse en 130.000 millones en el periodo 2008-2015, dado que los ingresos del modelo se han desplomado y se han gestionado los objetivos de déficit sesgadamente”, ha lamentado Soler.

Por su parte, en el mismo periodo la Administración central ha utilizado 55.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, quien a su vez ha recibido 141.630 millones en transferencias de la Administración central adicionales al nivel que recibía en 2007. En total, representan 196.630 millones por encima de los recursos tributarios y las cotizaciones disponibles. “Lo más injusto es que esto se ha hecho manejando la manija de los objetivos de déficit por parte del Estado para proporcionar una lectura de que la Administración central sí cumplía los objetivos y las comunidades autónomas no”.

El titular de Hacienda ha finalizado su intervención señalando que “lo verdaderamente importante no es que una administración cumpla o no con los objetivos de déficit. Lo terrible es que quien ha sufrido las consecuencias han sido los ciudadanos, porque se ha perjudicado el nivel de prestación de los servicios de sanidad, educación y protección social que gestionan las comunidades autónomas”.


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