Los municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana del pasado 29 de octubre han firmado con el Gobierno los convenios que permitirán dotarlos de los recursos necesarios para actualizar sus agendas urbanas y adaptar sus planes urbanísticos para construir más y mejores viviendas adaptadas al cambio climático.
La ministra de Vivienda y Agencia Urbana, Isabel Rodríguez, ha firmado este viernes con los alcaldes y alcaldesas de estas localidades los convenios que permiten «ir vislumbrando el momento de la reconstrucción tras las inundaciones. Tenemos que reaccionar al cambio climático no solo mitigándolo sino siendo resilientes y lo hacemos construyendo mejores ciudades y viviendas».
En nombre de los ayuntamientos firmantes, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha asegurado que tras lo que han sufrido por la dana, la firma del convenio es «un espaldarazo» y supone «el inicio de la reconstrucción» para que las ciudades sean como antes del 29 de octubre.
También en representación de los municipios, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha defendido que la reconstrucción «no puede limitarse a rehacer lo dañado, ha de ser una oportunidad para repensar las ciudades y hacerlas más seguras» y para eso, ha añadido, «ha de ponerse la ciencia y la innovación al servicio de las políticas públicas».
Antes del acto, Rodríguez, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la directora general de SEPES, Leire Iglesias, ha visitado los terrenos donde se ubicará la nueva Ciudad de la Industrialización de la Construcción, un proyecto al que, según ha indicado, dará luz verde el consejo de Ministros el martes.
Rodríguez ha reivindicado que «el urbanismo hoy no se puede mirar con los ojos del pasado. Hemos de mirarlo con los ojos del presente y afrontando los retos que tenemos ante nosotros».
La ministra ha defendido la necesidad de «desarrollar un urbanismo distinto, sostenible, adaptar nuestras ciudades a esa realidad, hacerlo en el apoyo a la ciencia, a la innovación, con la participación de la ciudadanía».
En esa línea, hoy ha suscrito 75 convenios con las entidades locales afectadas por la DANA, para elaborar, actualizar o ampliar los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana que, de conformidad con la metodología de la Agenda Urbana Española, permitan identificar proyectos y actuaciones concretas susceptibles de ser abordadas con carácter prioritario.
En total, estas ayudas, que se enmarcan en el Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento del Gobierno de España, el Ministerio de Vivienda y Agenda urbana ha dispuesto un total de 10.000.000 euros y cada uno de ellos recibirá la cantidad total de 126.583 euros.
Rodríguez ha afirmado que «no solamente os aportamos la financiación suficiente para que podáis hacer ese planeamiento conforme a los estándares de la agenda urbana española, sino que os prestamos todo el apoyo que necesitáis y sobre todo os preparamos para poder recibir los fondos de la Unión Europea, los antiguos Edusi».
Gabaldón ha asegurado que están «necesitados de la ayuda tanto del Gobierno, la Generalitat y de la Diputación como de cualquier organismo que pueda ayudar» y ha añadido que «solo juntos podremos salir de la situación y eso es lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía».
El alcalde de Utiel ha señalado que el objetivo final es «hacer unas ciudades que sean sostenibles pero además que políticamente y socialmente sean beneficiosas para toda la ciudadanía» y ha reivindicado «las infraestructuras hidráulicas necesarias para que no vuelva a producirse».
La alcaldesa de Catarroja ha agradecido el acuerdo, que no solo representa una dotación económica de 126.000 euros para desarrollar la agenda urbana de la reconstrucción sino que «simboliza lo que necesitamos, un compromiso real, serio y sostenible de las instituciones con nuestros territorios y con nuestras poblaciones».
«Lo que hoy nos reúne es un resultado de una reivindicación persistente, la necesidad de actualizar nuestros instrumentos de planificación urbana, de adaptarlos no solo a la normativa vigente sino también a la nueva realidad que nos impone el cambio climático», ha sostenido.
Silvent ha valorado que el convenio representa «una colaboración entre administraciones que funciona, que responde y que construye» y ha asegurado que solo con una base científica se pueden tomar «decisiones eficaces, duraderas y, sobre todo, justas».
