Un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante juzga desde este lunes 30 de septiembre a ocho personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la distribución y venta de sustancias anabolizantes en Alicante y Murcia.
Se trata de ocho personas que formarían parte de un grupo compuesto por un total de 23 integrantes que ya han sido enjuiciados en otros juicios previos, en los que parte de los encausados han negociado acuerdos de conformidad con la Fiscalía.
Uno de los ocho procesados también ha cerrado un acuerdo con la acusación pública por el que asumía una pena de tres meses de prisión antes del arranque de la vista de este lunes 30 de septiembre. Otros dos encausados no han acudido al juicio por lo que el proceso se ha centrado en los cinco restantes acusados.
Los cinco han negado su participación en los hechos y han sostenido que no conocían al resto de los implicados y que nunca habían participado en la distribución o venta de sustancias anabolizantes.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los encausados formaban parte de un grupo de personas dedicadas a proporcionar sustancias farmacológicas falsas o sin cumplir los requisitos de seguridad en la conservación, a terceras personas, con la intención de que ésta aumentaran las capacidades físicas de quienes las consumían.
Entre los procesados se encontraba un titulado en químicas, en cuyo domicilio de Alicante se localizó un laboratorio clandestino, y dos responsables de gimnasios. En los registros domiciliarios practicados en septiembre de 2015 en las viviendas de los procesados situadas tanto en la provincia como en Murcia se localizaron los medicamentos de ilícita procedencia e instrumentos destinados a su producción. En la casa de dos de los encausados lo agentes se incautaron de una escopeta para la que no tenían licencia.
El Ministerio Público solicita inicialmente para cada uno de los encausados una pena de prisión de tres meses por un delito contra la salud pública para el que aprecia la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Para los dos procesados a los que se les atribuye la posesión de una escopeta, solicita otros tres meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, para el que aprecia la misma circunstancia atenuante.
El propietario de un gimnasio ha negado haber tenido trato con otro de los encausados, ya enjuiciado, con el fin de permitirle que distribuyese la venta de anabolizantes en su local, y a preguntas del fiscal ha sostenido que él no vendía anabolizantes, que no colaboraba con dicho procesado y que le pidió entrar al gimnasio para venderlos allí, pero que él se negó.
Es más, ha sostenido que en su gimnasio eso estaba prohibido, que había sido seleccionador nacional de culturismo y que nunca se había tenido nada que ver con anabolizantes. El propietario ha manifestado que «comiendo normal se puede poner uno bien».
El segundo de los procesados también ha negado que colaborase con otro de los integrantes de la red, que había ejercido como entrenador personal suyo, facilitándole recetas de medicamentos que le prescribía su médico al estar en tratamiento tras sufrir principios de ginecomastia; el tercero también ha manifestado que no tenía nada que ver con la compra de anabolizantes ni con su consumo, a pesar de que los investigadores interceptaron mensajes telefónicos en los que conversaba con otro de los encausados sobre la posibilidad de suministrarle sustancias anabolizantes para su venta a terceros.
Al respecto, ha sostenido que él se limitaba a “seguirle el juego” a ese procesado «porque era el rey de los líos» y había que decirle que «sí para que quitárselo de en medio».
El cuarto de los procesados también ha descartado que él consumiese anabolizantes o que colaborase con otro de los integrantes de la red, al que había conocido en un gimnasio de Alicante, para comprar este tipo de sustancias.
La quinta de las acusadas también ha negado que tuviese conocimiento de que el hombre con el que mantenía una relación de pareja entonces pudiese dedicarse a la venta de anabolizantes y ha declarado que no recordaba si llegó a darle autorización para que utilizase su teléfono móvil para realizar llamadas.
En esta línea, a preguntas del fiscal, solo ha admitido que llevó a su pareja hasta un centro comercial en el que había quedado con un tercero, también encausado, pero que no sabía si le había hecho entrega de estupefacientes.
En la sesión, también ha comparecido como testigo uno de los agentes que realizó un operativo de vigilancia de esa entrega en el centro comercial y ha apuntado que al hombre al que acompañaba la acusada se le hizo entrega de una bolsa que contenía un objeto pequeño. El juicio prosigue este martes con la declaración de los investigadores policiales a cargo del operativo.
