La patronal solicitó en febrero una entrevista con los responsables de la Conselleria de Economia y Hacienda que sigue pendiente
La deuda que la Administración mantiene con los ayuntamientos impide que éstos puedan pagar a los Servicios de Ayuda a Domicilio
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) critica la “insensibilidad” mostrada con el sector por parte de los responsables de la Generalitat Valenciana que, a fecha de hoy, mantienen todavía una importante deuda desde al año pasado con los centros y residentes, mientras que se ha pagado a sectores a los que apenas se les adeudaba un par de meses, cuando la deuda con el sector asciende en ocasiones a mas de ocho meses.
En este sentido, Aerte considera “de muy difícil justificación” que el Gobierno Valenciano abone sus deudas con las Farmacias y con Educación para evitar cierres y manifestaciones, pero se olvide de las personas en situación de dependencia, que son los más débiles y los que necesitan más apoyo de la sociedad.
Desde la patronal, creemos que la financiación de la atención socio-sanitaria es prioritaria frente a otros sectores menos sensibles, ya que afecta a las expectativas de vida y el bienestar de las personas en situación de dependencia, a quienes necesitan atención profesional para levantarse, vestirse, asearse o comer, entre otras cuestiones, y que ésta no puede equipararse a los problemas en otros sectores.
Aerte entiende que el Gobierno Valenciano debe articular los mecanismos necesarios para atender sus compromisos de pago a los distintos proveedores “sin excepción alguna y en los plazos convenidos”. Sin embargo, a la hora de establecer prioridades “debe hacerse con absoluto rigor pensando en las necesidades más urgentes y perentorias. Y entre éstas, no cabe la menor duda que se encuentra la atención a un dependiente ó discapacitado”.
Del mismo modo, la patronal recuerda que la deuda que la Administración mantiene con los consistorios municipales valencianos, cifrada en 35 millones de euros, impide que éstos puedan pagar a los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), lo que incrementa exponencialmente el número de ciudadanos y profesionales socio-sanitarios que se ven afectados.
Asimismo, los responsables del sector recuerdan que los empresarios reunidos en la última Asamblea General Extraordinaria de Aerte decidieron poner en conocimiento de la sociedad civil la grave situación que afecta al sector “solicitando una entrevista con los responsables de la Conselleria de Economia y Hacienda que sigue pendiente.”
