Este próximo lunes, el expresidente de la Diputació de València, Alfonso Rus, se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa desde que se practicaran las primeras detenciones en 2016. El juicio que comienza este lunes es el correspondiente a las piezas B y F, las conocidas como las de los 'zombies' por la aparición en su día de personas contratadas por Imelsa y Ciegsa que no habían trabajado realmente en ninguna de las dos empresas públicas.
A Rus lo acompañan como acusados en esta causa un total de 25 personas, entre ellas el exsubdelegado del gobierno y exdiputado socialista Rafael Rubio, el exsecretario autonómico Máximo Caturla (PP), o el exdiputado popular Salvador Enguix.
Este juicio, que dará comienzo a las 9:30 horas en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia y está previsto que se extienda hasta el 15 de marzo, con un total de 26 sesiones, es el segundo de la macrocausa de Imelsa. Del primero, sobre Thematica, que ya se celebró el mes de mayo pasado, tuvo en el exgerente de Imelsa, el autodenominado 'yonki del dinero' Marcos Benavent, se está actualmente a la espera de sentencia.
En las piezas que se van a juzgar ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Alfonso Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio -también investigado en el caso Azud- a otros 6, según la calificación provisional de la Fiscalía.
El ministerio fiscal atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. A Rafael Rubio, por su parte, le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.
Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.
A Marcos Benavent, el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él 9 años y medio de prisión; mientras que la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se enfrentan a otros 6 años de cárcel.
El escrito de acusación de la Fiscalía describe cómo funcionaba la presunta organización delictiva y advierte de que Rus, una vez alcanzado el objetivo de ser presidente de la Diputación, comenzó a organizar Imelsa "para sus propios fines y los de sus compinches, tanto de partido, como personales".
Así, nombró a Benavent, que había sido concejal de Xàtiva durante su mandato como alcalde de la capital de La Costera, como gerente de la empresa pública. Ambos han sido investigados por haber realizado operaciones de recaudación de dinero al margen de los cauces legales amañando adjudicaciones de contratos públicos.
Rus, según la Fiscalía, "colocó" también a su "amigo" Llopis como su jefe de gabinete quien, en unión de Caturla, conformaron un acuerdo de voluntades para conseguir sus propósitos delictivos al margen de cualquier principio de gestión pública, "configurándose Rus como el jefe y cabecilla de la organización, dado que estas personas ya venían actuando como un grupo organizado con la finalidad de servirse de los puestos públicos que ostentaban y repartirse los beneficios obtenidos, siendo Rus el que otorgaba beneplácito de sus actuaciones en los distintos organismos públicos en los que habían intervenido".
La organización resultante, según la Fiscalía, utilizó Imelsa para repartir favores, utilizando los fondos públicos de la empresa pública para contratar personas sin criterio objetivo más que el de responder a intereses personales y "distribuyendo el dinero público de forma gratuita con el perjuicio que ello supone para las arcas públicas".
Con este objetivo cooperaron también Escrihuela y Monblanch, quienes "sabedores de esta situación de abuso e instrumentalización de una empresa pública", ayudaron "eficazmente" a la consecución de los propósitos delictivos de la organización criminal creada, "obteniendo un beneficio económico ilícito a cargo de los fondos públicos".
Idéntico proceder se siguió en Ciegsa, según el fiscal, que señala que en esta segunda empresa pública había un "absoluto descontrol" y un "acuerdo de voluntades para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo". Se valían también de Benavent, estrecho colaborador de Rus, quien lo colocó de intermediario recaudador para hacer efectivo su plan criminal de servirse de la empresa pública en la que se encontraba Caturla como consejero delegado.
Así, siguiendo las órdenes de Rus y contando con el beneplácito de Llopis, Caturla contrató a cuatro personas a sabiendas de que "no iban a desempeñar ninguna función dentro de la empresa y produciendo un desvío de fondos públicos en beneficio personal de los acusados".
Todas estas personas contratadas en Ciegsa, igual que las empleadas en Imelsa con este mismo modus operandi, eran afiliados o simpatizantes del PP, o conocidos del propio Caturla o alguno de los otros miembros de la trama, y no realizaron ningún trabajo ni para Ciegsa ni para Imelsa.