El juez considera «notablemente agresiva» para el medio ambiente la incineración y estima en este punto el recurso contencioso administrativo planteado por Cox | El secretario autonómico señala que este gobierno está por la reducción, la separación y la construcción de instalaciones de tratamiento de residuos de medidas adecuadas, pero no por la construcción de grandes incineradoras que no representan ninguna solución
El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la parte del Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana referente a la necesidad de construir grandes instalaciones de valorización (incineradoras).
La sentencia limita la anulación a una parte del párrafo tercero del artículo 17, justo el que hace alusión a la necesaria instalación de plantas de valorización energética suprazonal, que es la manera con la que se refiere a las incineradoras, que la sentencia especifica que son «notablemente agresivas» para el medio ambiente.
Tras conocerse ahora esta sentencia firmada el 15 de mayo, resultado de un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cox, Julià Álvaro ha destacado la importancia de esta resolución judicial porque, además, «viene a decir que en el tema de la coordinación de la política de residuos, la Generalitat Valenciana tiene un papel básico de coordinación y los ayuntamientos, aunque tienen la competencia en residuos, han de ser solidarios con las necesidades generales de instalación de plantas y vertederos».
«Es muy importante lo que dice el juez porque esto viene a sentar doctrina en las negociaciones y la coordinación política para la ubicación de los vertederos y coincide plenamente con la gestión de los residuos que se ha iniciado con el nuevo equipo de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural», ha añadido Álvaro. «Habrá dialogo y consenso pero también el máximo de responsabilidad por parte de todos».
La sentencia contesta a las peticiones del ayuntamiento de Cox para no construir una estación de transferencia en su término municipal. Cox solicitaba la anulación del PIR.
El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático ha puesto en valor esta decisión judicial, «porque suprime la necesidad expresada en el PIR para la implantación de incineradoras, con las que este gobierno no está de acuerdo, y coincide con la política de residuos que vamos a desarrollar, considerando la incineración como la última opción y primando la reducción y la separación de residuos en origen».
Además, Julià Álvaro ha señalado que este gobierno está por la construcción de instalaciones de tratamiento de residuos de medidas adecuadas y no por la construcción de grandes incineradoras que no representan ninguna solución.
