Desde los años 60 del siglo pasado la población de la península ibérica se viene concentrando en las zonas costeras y en algunas capitales de interior como Zaragoza, Valladolid y, principalmente, Madrid. El fenómeno empezó a denominarse como la España vacía, aunque al final se ha impuesto la más realista expresión de la España vaciada porque la emigración a las ciudades no es casual, sino que obedece a decisiones tomadas por las castas dirigentes que se han venido sucediendo. En su primera fase, durante la segunda mitad de la etapa franquista, el éxodo a la ciudad respondía a la enorme demanda de mano de obra que originaba el acelerado desarrollo industrial de Madrid, Barcelona y el País Vasco.
En los últimos años, sin embargo, ya no es la búsqueda de empleo la razón principal del abandono de las comarcas del interior. Ahora es la falta de servicios (sanidad, educación, transporte, oficinas bancarias, centros culturales, instalaciones deportivas, comercio local, etc.) y la guerra declarada del sistema económico dominante contra las formas tradicionales de producción agrícola y ganadera lo que motiva la huida de la población más joven de la mayoría de nuestros pueblos.
Para facilitar la invasión del campo por las macrogranjas, los monocultivos y las grandes explotaciones eólicas y solares era preciso que los huertos familiares, donde se cultivaban alimentos sanos y sabrosos, y los pequeños rebaños -que mantenían limpios los montes y proporcionaban productos de calidad- dejaran de ser rentables por la falta de subvenciones, la ausencia de una política de precios proteccionista con los productores locales y la competencia desleal de las grandes distribuidoras de alimentación.
Una de las más graves agresiones al futuro de las poblaciones del interior la ha representado el desmantelamiento de la red ferroviaria; un cierre consciente y programado que está dejando a muchas villas y algunas pequeñas capitales de provincia sin su tradicional modo de transporte y de vertebración del territorio. Sin la estación de tren los habitantes de estos pueblos no solo se quedan sin la posibilidad de comunicación con las localidades vecinas, sino que también ven complicado su acceso a las poblaciones a las que han de desplazarse para hacer compras, estudiar, realizar gestiones o acudir a centros sanitarios.
Dos años después de cerrarse la línea férrea entre Valencia y Cuenca ha comenzado el desmantelamiento de las vías y la urbanización de los valiosos terrenos que ocupaba la estación en esta última ciudad. Da la impresión de que se quieren asegurar de que nunca más vuelva a circular un tren por el ferrocarril que desde 1947 (año en que se inauguró el viaducto de Enguídanos) unía La Serranía conquense con su capital y ofrecía la posibilidad viajar hasta la ciudad del Turia o detenerse en alguno de los pueblos de las comarcas de Utiel-Requena, Hoya de Buñol o l´Horta por los que discurría la antigua línea Madrid-Valencia.
Como no se cansaron de denunciar las plataformas por la defensa del ferrocarril público hubiera bastado una inversión muy inferior a la devorada por el proyecto del AVE para mejorar la comunicación ferroviaria entre Valencia y Madrid, reduciendo considerablemente el tiempo empleado y sin aislar a decenas de pueblos valencianos y castellano-manchegos. Hoy, suponiendo que podamos pagarlo, tenemos una veintena de posibilidades diarias de desplazarnos desde Valencia a Madrid en menos de dos horas, pero entre ambas capitales el tren únicamente se detiene, y no en todos sus viajes, en Requena y Cuenca; y ni tan siquiera en el núcleo urbano de estas poblaciones puesto que la estación se halla a varios kilómetros del centro, algo que no sucedía con la línea suprimida.
Indicios tan claros de que algo va mal como el cambio climático, los incendios forestales y la escasez de agua (por citar los más evidentes) aconsejan un frenazo al modelo desarrollista, pero dicho cambio no será posible mientras primen los intereses de los bancos y las grandes fortunas.
