El Gobierno Central ha aprobado la licitación de los contratos de conservación y explotación de las autopistas AP-7 y AP-4, que pasarán a ser gestionadas por el estado el próximo 1 de enero, eliminándose de ambas el peaje. Así lo ha anunciado la ministra Isabel Celaá, portavoz del ejecutivo, tras la celebración este viernes del consejo de ministros.
Celaá ha asegurado durante su comparecencia que «nadie saldrá perjudicado de esta operación» porque el Gobierno prevé la subrogación de los trabajadores. En el caso de la AP-7, el Ejecutivo ha autorizado cuatro contratos de servicios para operaciones de conservación y explotación entre Salou (Tarragona) y Alicante. Unos contratos, como ha detallado la ministra portavoz, que afectan a cuatro tramos situados en Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante y que tienen un valor total de 129 millones de euros.
El tramo situado en Castellón es el de mayor valor, con 36,71 millones de euros estimados, seguido del de Alicante (33,88 millones), Tarragona (29,83 millones) y Valencia (28,75 millones), según datos de Fomento. Algunos de los contratos de servicios para la conservación y explotación tendrán como objetivo la comunicación, la vigilancia o el mantenimiento de las instalaciones de suministro de energía eléctrica.
