Como consecuencia de una de las demandas de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia y como conclusión de la comisión de la investigación del accidente de metro del 2006, se llevó a cabo la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria (AVSF).
Así, en marzo del 2018, se creó la AVSF como autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario de competencia de la Generalitat Valenciana; galante de transparencia, independencia y autonomía respecto de las entidades gestoras de la infraestructura, planificación y logística del transporte público. Así se comprometió el Gobierno Valenciano presidido por Ximo Puig, presentando por entonces una norma pionera en Europa para garantizar la seguridad en toda la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana.
En ese aspecto, la Ley recibió una consignación de 700.000 euros para iniciar su creación, siendo el Consejo Rector, su figura principal y órgano superior de la AVSF, compuesta por cinco vocalías que serían representadas por personas de reconocida competencia, experiencia y prestigio profesional en el sector ferroviario o en la gestión de emergencias.
La Asociación Sindical de Maquinistas Ferroviarios, ASIMAFE, pone de relieve en un comunicado hecho público hoy que en julio de 2020 aún no está en marcha la AVSF dependiente de la Consellería de Movilidad dirigida por el conseller, Arcadi España. Consellería que ha tenido que recurrir a la externalización de informes de seguridad necesarios para proyectos de FGV mediante la adjudicación de contratos menores que han supuesto un gasto de 22.000 euros. Pero debido a la imperiosa necesidad de cumplir con los compromisos de su creación, se han designado 250.000 euros, más 11.000 euros para gastos. Ya hay algunas personas aceptadas para ocupar las vocalías de Consejo Rector, que deberán cumplir los requisitos del artículo 14 de la Ley, gozar de independencia e inmovilidad, siendo su cargo incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad, tanto pública como privada, que no sea la administración de su propio patrimonio; siendo incompatible con el desempeño de funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones empresariales y colegios profesionales.
Para ASIMAFE, conocidas las inversiones para la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria de 261.000 euros en 2020 frente a los gastos de externalización de los dos servicios necesarios que se han realizado durante estos dos años, 22.000 euros, es importante valorar si esa diferencia de inversión para crear la AVSF está justificada.
Las competencias autonómicas en la red ferroviaria de FGV, conllevan la necesidad de crear una autoridad responsable en materia de seguridad ferroviaria, ya que la Agencia Estatal no tiene competencias para poder implicarse en la gestión de la seguridad de esa red. Si bien, deberíamos recordar, que la necesidad de mejoras en la infraestructura de diversos puntos de la red ferroviaria de la Generalitat Valenciana, como los pasos a nivel, accesos para las personas con movilidad reducida, la falta de personal en las estaciones, las dificultades en las contrataciones de personal, etc., son motivos más que suficientes a criterio de ASIMAFE para valorar el gasto de la AVSF.
Algunas de las infraestructuras en la red ferroviaria valenciana carecen de mantenimiento y otras, llevan un retraso considerable en reparaciones de pequeñas obras que podrían conllevar gravísimos accidentes en cascos urbanos. Deberíamos valorar si ante la crisis económica que sufrimos, deberíamos controlar el gasto en la creación de la AVSF, que según fuentes de los medios de comunicación tendrá un coste más que elevado frente a las necesidades que se han gestionado externamente durante estos dos últimos años. La Agencia que estará gestionada por un Consejo Rector formado por personal laboral externo que percibirá parte del salario en concepto de dietas, quiere decir que su dedicación a la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria no tendrá una exclusividad total para la gestión para llevar a cabo los objetivos para los que se creó.
Sería valorable, señala la asociación sindical ferroviaria, que ciertas competencias recuperaran una gestión estatal, lo que facilitaría el ahorro en gastos para los ciudadanos y usuarios en este caso de los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. La competencia autonómica evita que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria regule la seguridad y formación, por ejemplo, de las redes ferroviarias autonómicas, lo que obliga a la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, si bien debería haber estado creada desde el primer día y no obligada tras el accidente de metro y el proceso posterior a la investigación.
No es comprensible, señalan desde ASIMAFE, que la formación de maquinistas sea diferente para la conducción de unidades de trenes sólo por el ámbito ferroviario de su circulación; bien sea nacional o autonómica. Es un hecho que no sucede en la Comunidad Valenciana, sino en la Cataluña, donde comparte la misma red ferroviaria con Aragón. Ello conduce a que la titulación del maquinista, indica ASIMAFE, se esté llevando a cabo según las normativas estatales y europeas; y no sólo por la formación que las autonomías realizan particularmente por su legislación que han hecho a la carta para no seguir las normativas estatales y europeas.
Para la asociación sindical, es hora de priorizar las necesidades económicas, a favor de la salud y de la gestión eficaz, por encima de los intereses políticos.
