En el documento notifican que “en la huelga indefinida llevada a cabo los días 1 y 2 de julio se vulneró el derecho fundamental a ejercer la huelga” al ser ocupados los puestos de trabajo por diferentes contratas, por la propia Acciona FS e incluso por empleados de Ford.
De esta manera, el comité de huelga insta a la Inspección de Trabajo a comprobar cuáles fueron esas empresas “y por quién han sido contratadas para desempeñar dichos servicios” a lo largo de los seis turnos que duró la huelga.
Ante la gravedad de los hechos, los denunciantes solicitan a la Inspección que “tome cuantas acciones sean necesarias” para impedir la vulneración de derechos fundamentales. De resolverse favorablemente para los sindicatos la denuncia mediante acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo, las empresas implicadas podrían enfrentarse tanto a multas y sanciones como a una demanda judicial por vulneración del derecho a la huelga.
Cabe destacar que la legislación protege este derecho fundamental estableciendo que el empresario no puede efectuar ningún tipo de esquirolaje externo o interno. Así, no se puede sustituir a los huelguistas por otros trabajadores con el objeto de limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga.
Es decir, es ilegal la sustitución por trabajadores de otro centro de trabajo distinto al que se halla en huelga, o bien cubrir los suministros a los clientes de un centro que está en huelga, desde otro centro de la misma empresa que no esté en huelga.
Antecedentes
La semana pasada, la plantilla de la principal contrata de suministro de piezas, logística y mantenimiento de Ford en la factoría de Almussafes –Acciona Facility Services– protagonizó una exitosa huelga.
El seguimiento fue total en logística y los efectos en la multinacional del automóvil se hicieron sentir desde las primeras horas del paro: problemas de suministro, paradas continuas en la producción, 225 coches menos.
Los trabajadores exigían estabilidad –Ford potencia la competencia sin escrúpulos entre contratas para asegurarse los máximos beneficios en detrimento de los derechos laborales- y también poner al día sus salarios tras siete años de recortes.
Finalmente, la movilización arrancó un acuerdo con Acciona FS en el Tribunal de Arbitraje Laboral suscrito por UGT y CCOO, que no contentó a CGT y que tampoco fue sometido a consideración de la plantilla.
