La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat en las Cortes, Nathalie Torres, ha presentado una propuesta para que el Gobierno del Estado español reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en el sentido de garantizar la equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio, tal como exigen el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 107 del Tratado Fundacional de la UE.
Según la diputada Torres, “la equidad y la igualdad fiscal son principios fundamentales en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en el País Valenciano y en todo el Estado se dan en la actualidad situaciones de exenciones fiscales que distorsionan estos principios. Uno de los casos más conocidos es el de la fiscalidad de la Iglesia Católica y otras entidades religiosas, previstas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, y los acuerdos con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus fundaciones, que tienen suscritos acuerdos de cooperación con el Estado”.
“Mediante estas coberturas legales, los lugares de culto están exentos de contribuir con impuestos, del mismo modo que disfrutan de esta exención las asociaciones, fundaciones, entidades y congregaciones religiosas. El problema recae en el hecho de que detrás de esta situación, lógica y razonable, se esconden otras situaciones claramente discriminatorias. Actividades económicas como hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos, residencias, entre otros, con una evidente finalidad lucrativa, que disfrutan de exenciones fiscales como si se tratara de lugares de culto, y entran en clara competencia desleal con otras unidades de negocio que pagan sus impuestos”, ha explicado la diputada de Compromís.
“Además, si atendemos a los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede, el artículo IV reconoce que aquellas actividades que se destinan a explotaciones económicas no estarán exentas de pagar los impuestos correspondientes, y se tendrán que equiparar con las otras sin partir de una posición de ventaja, de forma que la fiscalidad de la Iglesia no pueda aprovecharse de las sensibilidades religiosas reconocidas por el Estado para desarrollar actividades económicas. Y así lo ha reconocido, incluso, el Papa Francisco, quien en una entrevista en los medios de comunicación afirmó que los edificios dedicados a fines que no sean de culto o sociales sí que tendrían que pagar impuestos”, ha concluido la diputada Nathalie Torres.
