La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido un escrito a la Conselleria de Sanitat para exigir una respuesta “clara” respecto a si prevé o no poner en marcha una unidad de reproducción asistida en la provincia de Castellón que permita a las usuarias someterse a los tratamientos completos de fecundación sin tener que desplazarse, con el fin de evitar así las derivaciones a provincias como la de Valencia.
La central sindical ha criticado que Sanitat “está permitiendo que haya pacientes castellonenses que llevan más de tres años en lista de espera sin que se les esté dando ningún tipo de respuesta o solución”. Una situación que, según CSIF, “está forzando a las afectadas a acudir a centros privados para someterse a los tratamientos, con los costes añadidos que ello supone”.
Tres años en lista de espera
“Pese a que el pasado mes de junio la subdirectora general de Planificación y Organización Asistencial aseguró que, en función de las necesidades detectadas, la Conselleria de Sanitat estaba dotando de plazas estructurales a los diferentes centros sanitarios, incluidas estas unidades de reproducción asistida, la única realidad es que a fecha de hoy no se ha producido ningún avance al respecto en las comarcas castellonenses”, según han denunciado desde CSIF.
Al respecto, han criticado que “desde que en el año 2020 desde CSIF comenzamos a denunciar esta situación, que supone también una grave discriminación territorial, ya que la de Castellón es la única provincia de la Comunitat que no dispone de una unidad de este tipo, no solo no se ha avanzado absolutamente nada, sino que la mayoría de las pacientes afectadas por estos retrasos siguen, años después, todavía a la espera de respuestas y soluciones”.
Por ello, desde CSIF han exigido al Consell que “sea claro, se pronuncie sobre si piensa habilitar o no de manera inminente financiación para poner en marcha este servicio en Castellón, creando además nuevas plazas estructurales para poder atenderlo con garantías, o por el contrario prevé seguir condenando a las usuarias de la provincia a tener que acudir a la privada y asumir el elevado coste económico que ello supone cuando, tras estar esperando años y años, por motivos de edad son expulsadas del sistema sanitario público”.
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