No todo son condenas en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de la rama valenciana de Gürtel. El juez José María Vázquez Honrubia sostiene en sus conclusiones que, en el caso de que el expresidente valenciano Francisco Camps hubiese incurrido en delitos por la financiación irregular del PP valenciano, éstos ya habrían prescrito, dado que la investigación comenzó en 2009.
Vázquez Honrubia ve además «jurídicamente imposible» pronunciarse sobre Camps o sobre el que fuese su vicepresidente Víctor Campos por la sencilla razón de que tanto uno como otro han declarado en calidad de testigos y no de investigados en el juicio. Todo ello, a pesar de que ambos fueron señalados por varios acusados -caso del ex secretario general del PP valenciano, el ahora condenado a 4 años de prisión, Ricardo Costa-, quien acusó directamente a Camps de encargar el sistema de financiación irregular, y a Campos, de la relación con los empresarios que pagaban con falsas facturas los actos electorales de 2007 y 2008.
Pero, y ahí está la clave, al tratarse de hechos de 2007 y 2008, y dada «la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave», sus actos «habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna». Por ello, a pesar de haber sido señalados durante la celebración del juicio, el juez reconoce que ambos «tienen derecho a no declarar contra sí mismos y no confesarse culpables», teniendo en cuenta además que Camps está imputado en tres piezas de esta trama.
En todo caso, el magistrado admite que sus declaraciones fueron «totalmente infructuosas para aclarar los hechos enjuiciados», y que se limitó a «apuntalar extremos ya acreditados por otros medios» pues, según ellos, «nada saben, nada recuerdan, nada reconocen». En relación a la declaración de Camps como testigo, recuerda su «radical» y «absoluta» negativa a admitir cualquier conocimiento de la trama o del aviso que, según Costa, éste dio al extesorero del PP Luis Bárcenas «sobre prácticas de financiación irregulares».
Camps desvinculó a todos los miembros de su Gobierno y a sí mismo de los temas económicos del partido y admitió que el exministro Eduardo Zaplana -actualmente en prisión preventiva por el caso Erial- le informó en 2002 que Álvaro Pérez, El Bigotes -condenado en esta misma sentencia a 6 años y 9 meses- se encargaría de «la organización de actos y campañas del PP», pero que no sabía que trabajaba para la Gürtel.
Campos, por su parte, negó «radicalmente cualquier contubernio» con los empresarios acusados para pagar deudas del partido o que «mantuviera deuda de comunicación con Orange Market -filial de la Gürtel en Valencia- y tuviera el más mínimo conocimiento de financiación ilegal o irregular alguna». Además, señaló que desconocía «todo lo relativo a las iniciales V.C. y V.R», que aparecieron en los apuntes contables de la trama seguidos de la palabra «Castellón» y de una serie de partidas que Orange Market atribuye a la campaña de 2007 por importe de 123.400 euros.
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