El Consell aprueba reclamar a Hacienda los 1.568 millones de la liquidación de 2016

El Consell aprueba reclamar a Hacienda los 1.568 millones de la liquidación de 2016

El Consell pretende que el recorte de fondos del Gobierno no dañe a los proveedores | La Generalitat recuerda que la liquidación, cuyo importe ha sido confirmado por el Ministerio de Hacienda, son ingresos propios que el Gobierno retiene 2 años y nada impide abonarlos ya ni justifica el retraso del pago hasta julio

El pleno del Consell ha adoptado un acuerdo para realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública que permitan aliviar la situación de la tesorería autonómica y, en especial, a exigir el ingreso inmediato en las cuentas de la Generalitat de los 1.567.995.360 euros de la liquidación de 2016, unos recursos cuya titularidad corresponde a la Generalitat y que el ministerio retiene durante dos años.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que el recorte en la financiación en términos de caja de la Comunitat Valenciana para este ejercicio, decidido por el Ministerio de Hacienda de forma unilateral hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como el incumplimiento de la promesa un nuevo sistema de financiación, no perjudiquen a los proveedores valencianos, además de asegurar la cobertura en la prestación de los servicios básicos de Sanidad, Educación y protección social de los valencianos y en el resto de funciones encomendadas.

El acuerdo refiere que el ministerio trasladó el pasado 2 de enero a la Generalitat su decisión de reducir en 353 millones las entregas a cuenta de la financiación de 2018 comunicadas en julio y que sirvieron para elaborar los presupuestos autonómicos de este año, alegando la situación de prórroga presupuestaria, una medida que supondrá una “minoración por el citado importe para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos” de la Generalitat.

“Ello, junto a la situación de infrafinanciación de esta Comunitat, que repercute asimismo en disponer de unas entregas a cuentas menores a las que una financiación justa le otorgaría, supone un agravamiento de las tensiones de liquidez que la Comunitat Valenciana soporta”, se indica en el acuerdo aprobado por el Consell.

De este modo, “pese al compromiso de la Generalitat Valenciana en el cumplimiento de las reglas fiscales, el periodo medio de pago a proveedores se verá perjudicado debido a la minoración de las entregas a cuenta señaladas”, advierte.

El ministerio hace constar que la liquidación no varía

El texto recuerda que, en la comunicación del 2 de enero en la que la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó el nuevo importe de las entregas a cuenta del ejercicio, se hace constar que el importe de la liquidación del modelo de financiación correspondiente a 2016 “no sufre variación respecto a la comunicación recibida en el mes de julio de 2017” y que los fijó en los citados 1.568 millones.

“Dicha cantidad corresponde a la diferencia entre los anticipos a cuenta del ejercicio 2016 y la liquidación del mismo, siendo por tanto ingresos cuya titularidad es de la Generalitat Valenciana, y que el ministerio retiene durante 2 años”.

“Resulta prioritario para la Generalitat Valenciana -señala el acuerdo- que dicho importe pueda adelantarse atendida a la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación para que el Ministerio retenga hasta el próximo mes de julio dicho importe”.

La Generalitat ha reclamado insistentemente en el pasado, tanto públicamente como en diversas reuniones, que la liquidación del modelo de financiación de dos años antes, en lugar de desembolsarse en julio de una vez, se calendarice durante el primer semestre de cada ejercicio, al menos en un porcentaje importante, con el fin de garantizar una gestión ordenada y planificada de la tesorería, máxime cuando en paralelo existe el compromiso de reducción de los plazos de pago a los proveedores.

En el acuerdo aprobado por el pleno del Consell se destaca que la financiación adicional para el ejercicio 2018, comunicada en julio por la Secretaría de Estado de Hacienda y Administración Pública, suponía una mejora de 84 millones respecto a la definitiva del ejercicio 2017.

Esta suma equivalía a un incremento de sólo el 0,83% respecto a 2017, frente al aumento del 3,98% de media que experimentaron el conjunto de autonomías.

Este importe, recalca el texto, “no parece vaya a ser definitivo, consecuencia del ritmo de crecimiento de la economía de la Comunitat Valenciana, que se prevé superior al de la media nacional.

De hecho, el consenso de mercado sitúa las estimaciones de crecimiento en el entorno del 2,8% del PIB”. Y añade que esta circunstancia “determinará una ampliación de las entregas a cuenta o una liquidación positiva” en 2020, cuando se liquide el ejercicio.

Sin embargo, la mejora, “junto al previsible aumento del gasto del resto de CC AA para 2018, parece insuficiente para absorber la diferencia de gasto promedio entre la Comunitat Valenciana y el resto de Comunidades Autónomas”.

La cantidad asignada a la Comunitat Valenciana, a pesar de ser considerada insuficiente, fue utilizada como base para la elaboración del presupuesto autonómico para el ejercicio 2018.

El nuevo importe de las entregas a cuenta comunicado el 2 de enero hace que la Comunitat vea reducidos los recursos disponibles en términos de caja para este ejercicio respecto a 2017.

Cumplir con los principios de suficiencia y equidad

El texto aprobado por el Gobierno valenciano recuerda que, el pasado 20 de octubre, el Consell acordó incorporar en el estado de ingresos del Presupuesto de la Generalitat para 2018 una partida específica y diferenciada por importe de 1.325 millones, al objeto de dar cumplimiento a los principios de suficiencia y equidad previstos en la ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

En este acuerdo de octubre se advertía de que, por segundo año consecutivo, la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para 2018 estaba condicionada por dos circunstancias de relevancia.

En concreto, la “incertidumbre” que genera que por la Administración general del Estado no se hubiera aprobado en plazo la ley de Presupuestos Generales del Estado y la situación de infrafinanciación crónica que padece la Comunitat Valenciana.

En cuanto al segundo punto, se lamentaba el que el Gobierno no hubiera puesto en marcha la negociación de un nuevo modelo de financiación para cumplir con el compromiso del presidente del Ejecutivo de que habría un nuevo modelo acordado antes de finalizar 2017.

Ambas circunstancias “hacen muy improbable que la Comunitat Valenciansa disponga de los recursos adicionales necesarios para desarrollar sus competencias en condiciones de equidad y genera la imposibilidad de elaborar el presupuesto de la Generalitat Valenciana en un entorno de certeza y suficiencia de recursos”.

Y ello pese a que, como se ha acreditado en diferentes informes emitidos por instituciones públicas y privadas, y más recientemente por la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, para alcanzar el gasto promedio por habitante de las autonomías, la Comunitat Valenciana necesitaría disponer de ingresos adicionales.

Al mismo tiempo, los informes técnicos han acreditado que el déficit que padece la Comunitat Valenciana es generado por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos que le atribuye.

“El compromiso del Consell con sus ciudadanos y con respecto a la prestación de los servicios públicos fundamentales y el resto de competencias que tiene atribuidas no puede quedar condicionado de forma irreversible por ninguna de las citadas circunstancias”, de ahí que se incluyera la citada partida de 1.325 millones con el objetivo de “asegurar que los niveles de prestación de servicios en nuestra Comunitat no difieren de forma relevante del resto de comunidades autónomas: Servicios públicos como la educación, sanidad o dependencia, no solo están reconocidos y protegidos por la Constitución, sino que representan objetivos/obligaciones irrenunciables para cualquier Gobierno que quiera considerarse social y democrático”.

Sin financiación suficiente para políticas sectoriales

A todo lo anterior, “hay que añadir que existen determinadas políticas sectoriales que es necesario desarrollar pese a no disponer de la financiación necesaria”, al no haberse puesto en marcha por parte del Estado los sistemas de financiación ágiles y adecuados para garantizar la cobertura.

Esto origina que las competencias atribuidas tengan que ser desarrolladas con una menor dotación de medios, como consecuencia de la insuficiencia crónica de financiación asignada por el modelo.

Como ejemplo, se cita la financiación del Sistema de Dependencia, cuyos convenios entre el Estado y las autonomías para la atribución de fondos llevan suspendidos desde el año 2012 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En una situación similar se encuentra la prestación de asistencia sanitaria a la población que se desplaza a la Comunitat Valenciana con carácter temporal.

Pese a estas circunstancias, y al hecho de que se ha incumplido el compromiso del presidente del Gobierno para disponer de una nueva financiación en 2018, el Ministerio de Hacienda ha reducido ahora los importes comunicados como entregas a cuenta correspondientes al ejercicio de 2018.


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