El Consell presentará un recurso de inconstitucionalidad por el reparto de menores migrantes no acompañados de Canarias al considerar que el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, «no solo es jurídicamente cuestionable, sino que impone cargas a las comunidades sin ofrecer ni diálogo ni recursos».
Así, lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Caramero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, en el que se ha aprobado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat, con el aval del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, a presentar este mismo martes este recurso ante el Tribunal Constitucional.
Esta norma regula la reubicación de menores extranjeros no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o Canarias, a otras comunidades autónomas.
En concreto, el Consell considera que se vulneran las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en asistencia social y menores, el principio de cooperación y lealtad, así como el de autonomía financiera.
Camarero ha recordado que el 1 de abril el Consell ya autorizó a la Abogacía a iniciar los trámites para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley y solicitar al Consell Jurídic Consultiu la emisión del preceptivo dictamen.
Así, ha explicado que la interposición del recurso está basada, en primer lugar, en «la vulneración» del Real Decreto-Ley a «las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores».
Además, también considera que el Real Decreto-Ley «conculca los principios de cooperación, colaboración, coordinación y lealtad Constitucional» y que «se quebranta el principio de autonomía financiera, al obligar a la Generalitat a asumir un gasto que no ha sido previsto en sus presupuestos, ni acompañado de una dotación financiera estatal adecuada para atender a los menores trasladados».
Del mismo modo, el Gobierno valenciano considera «injustificable» regular por decreto ley estas competencias puesto que «afectan a derechos y deberes fundamentales, recogidos en el Título I de la Constitución» y por ello deberían estar regulado por ley orgánica y también critica «la falta de diálogo institucional puesto que el Gobierno central impone estas decisiones de manera unilateral».
«En resumen, se imponen medidas sin negociar, sin coordinar, sin acordar, sin hablar con las Administraciones que tienen la competencia, que son las comunidades autónomas, y además sin financiación, porque el decreto obliga a las comunidades autónomas a acoger y atender a estos menores, pero no prevé ni un solo euro para hacerlo», ha apostillado.
