Puig pide evitar una "contrarreforma recentralizadora" y acabar con la "parálisis del Gobierno central" | El Gobierno valenciano se convierte en el primer Ejecutivo autonómico en mostrar su postura sobre el contenido de una posible reforma constitucional | La iniciativa plantea que las comunidades sean actores principales en el debate y considera como líneas básicas los ejes de l'Acord del Botànic
El Consell ha presentado el documento 'Propuesta política sobre la reforma de la Constitución Española', que recopila una serie de elementos para debatir sobre la reforma de la Carta Magna, proceso que se ha convertido en una necesidad sentida y reclamada desde muchas opciones para otorgar importancia a la pluralidad.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado durante el acto de presentación de esta iniciativa, que ha tenido lugar en el Palau, la necesidad de paralizar la "contrarreforma recentralizadora" que ha puesto en marcha el Gobierno central y ha reivindicado que las autonomías "no queden al margen del proceso de reforma" constitucional.
"Apostamos por el avance en el modelo territorial, que sea federalizante", ha señalado el president, quien ha calificado la reforma constitucional de "actualización necesaria" para lograr el "aterrizaje en el siglo XXI".
Puig ha destacado también que resulta imprescindible "acabar con la "parálisis" de la situación actual, que, como ha señalado, "está dificultando las posibilidades de futuro", al tiempo que ha criticado a quienes defienden "una posición reaccionaria respecto a los cambios".
Con la propuesta presentada este martes, que ha sido expuesta por el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, el Ejecutivo valenciano se convierte en el primer Gobierno autonómico en mostrar su postura sobre el contenido de una posible reforma constitucional. Al acto ha asistido también la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la de Sanidad Universal, Carmen Montón, así como representantes empresariales, sindicales y políticos, entre otros.
Tal y como plasma la propuesta, las comunidades autónomas deben ser actores principales en este proceso de debate público, dado que son sujetos políticos del sistema constitucional y, a la hora de la reforma, deben intervenir y disponer de un espacio de participación.
En el documento presentado también se incide en que el modelo autonómico actual está agotando sus límites y, por tanto, provocando la falta de gdesarrollo político y de financiación armónica, solidaria e igual a las comunidades autónomas, lo que supone debilitar los sistemas de protección social e incrementar la vulnerabilidad de las personas más débiles.
El Consell ha formulado una serie de prioridades que defenderá en el marco del debate social y de las acciones particulares, inspiradas en los ejes fundamentales de l'Acord del Botànic.
En este sentido, atiende de manera prioritaria a lo que considera útil, justo y necesario para la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, sin entrar en conflicto ni ignorar las necesidades de otros territorios.
Compromiso con los valores
Por ello, uno de los puntos del informe se centra en la propuesta de ampliación de los valores explícitamente asumidos en la Constitución para mejorar el carácter que debe tener, como espejo de la sociedad actual, y comprometerse con aspectos como la lucha contra el cambio climático; la lucha contra la violencia de género o la promoción del gobierno abierto. A su vez, podrían incluirse nuevos valores constitucionales como la paridad, la sostenibilidad y la hospitalidad.
Derechos para rescatar personas
El documento recoge también nuevos derechos para rescatar personas, que, en algunos casos, ya están enunciados en la Constitución, pero que deben pasar a considerarse derechos subjetivos plenos. Entre ellos, se encuentran la rebaja de la edad para el ejercicio de los derechos políticos a los 16 años, la igualdad de derechos entre las personas extranjeras y los ciudadanos nacionales o la ampliación de las garantías del derecho de asilo que aseguren el respeto a las derechos humanos a las personas solicitantes de acogida.
Asimismo, se propone convertir en auténticos derechos subjetivos el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible; la educación infantil; la salud y la sanidad universal; los servicios sociales de la dependencia, la protección de la infancia o la renta básica; la diversidad de orientaciones sexuales y la libre identidad de género; el derecho a una muerte digna o el acceso a la información pública, entre otros.
Mejora de las instituciones representativas
Por otra parte, se incluyen algunas reformas que incidan en la mejora de las instituciones representativas, en nuevas expresiones de la democracia participativa y de la separación de poderes. En este sentido, se propone fijar elementos para incrementar la proporcionalidad del sistema electoral; establecer compromisos de integridad para los cargos públicos; facilitar la celebración de referéndums consultivos y la realización de iniciativas legislativas populares o reforzar la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado, entre otras propuestas.
Hacia un nuevo modelo de Estado federal
El informe plantea un nuevo modelo de Estado en el que, partiendo de la lealtad federal, se reconozcan los hechos diferenciales. En este este sentido, la propuesta del Gobierno valenciano propone una reforma del modelo que define el Estado como federal y como forma de mantener unido lo que es diverso, y que articule una distribución territorial del poder a partir del principio de subsidiariedad. Por ello, se considera a los ayuntamientos como un tercer pilar del Estado, dotados constitucionalmente de unas competencias básicas.
En este nuevo modelo, la aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía se realizaría sin intervención de las Cortes Generales, y estaría sometida exclusivamente al control de constitucionalidad. La Constitución debe establecer y concretar constitucionalmente listados precisos de competencias del Estado y acotar el alcance de las competencias concurrentes y compartidas para evitar los abusos en la elaboración y aplicación de legislación básica.
Asimismo, en la propuesta del Consell se indica que cada comunidad autónoma debe disponer de plena potestad legislativa en aquellas materias cuya competencia la Constitución no haya reservado explícitamente al Estado federal, con cláusulas para evitar que evitar procesos unilaterales de recentralización por parte del Estado central y la eliminación de la suspensión automática de las normas autonómicas impugnadas por el Gobierno central al Tribunal Constitucional.
En concreto, todas las comunidades autónomas tendrán competencias exclusivas en materias relacionadas con el desarrollo del Estado social y, voluntariamente, podrán asumir competencias en otras materias relacionadas con los hechos diferenciales, como la lengua propia o el derecho civil, reivindicación especialmente relevante en el caso valenciano. A su vez, debe ser potestad de cada comunidad autónoma regular su organización territorial interna, por lo que se eliminarían las referencias a provincias y diputaciones.
Por otra parte, se propone reconocer y facilitar la participación reglada de las autonomías en las instituciones de la Unión Europea y garantizar en la Constitución su participación en los procedimientos de reforma constitucional.
Otra novedad importante es que se propone convertir el Senado en una Cámara conformada por representantes de los consejos de gobierno autonómicos, con un número reducido y proporcional a la población. El Senado se convertiría en la Cámara de primera lectura y con capacidad de veto en las leyes susceptibles de afectar a los territorios, como son las que afecten al diseño competencial, la financiación autonómica, a los hechos diferenciales o la legislación básica.
Se introduce a su vez la corrección de la asimetría entre el castellano y el resto de lenguas españolas y la garantía de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de las diferentes lenguas.
Sistema de financiación
La propuesta de reforma establece, a su vez, que las bases esenciales del sistema de financiación deberían quedar establecidas en la Constitución, para concretarse posteriormente con las comunidades autónomas de forma multilateral en el Senado.
Los principios que regirían este sistema serían la suficiencia financiera, la igualdad, la lealtad institucional y la corresponsabilidad fiscal, y la multilateralidad y participación de las comunidades autónomas en todo el proceso de toma de decisiones que afectan a la financiación, con mecanismos para impedir las decisiones unilaterales del Gobierno central.
En este sentido, la financiación autonómica debe ser concebida como un elemento integrante de la concepción general del Estado social, con prioridad para las inversiones en derechos sociales y la construcción de la igualdad.
El ejercicio de derechos y los servicios públicos están relacionados con factores demográficos que pueden incidir en las modalidades de gasto, por lo que deberían constitucionalizarse determinados indicadores básicos. Asimismo, los servicios que sirvan al ejercicio de derechos y a la realización de la igualdad deben quedar protegidos de las oscilaciones negativas de los ciclos económicos, con mínimos de gasto y un fondo de contingencia para las fases recesivas.
Por otra parte, para garantizar la autonomía financiera y la corresponsabilidad, se deben establecer constitucionalmente las fuentes de ingresos de las comunidades autónomas e incrementar su participación en los impuestos. Para la gestión y recaudación de los impuestos se prevé la posibilidad de crear agencias tributarias autonómicas que participen en los órganos de decisión de la agencia tributaria estatal, que debe ser de carácter federal.
Asimismo, se recoge que el nuevo sistema de reparto debería evaluarse y actualizarse por periodos de 5 años por el Senado, y que se debe constitucionalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano dependiente de esta Cámara y con mecanismos para favorecer el consenso y la multilateralidad y reducir el peso del Gobierno central en la toma de decisiones.
Por último, en cuanto a la deuda pública autonómica, la Constitución debería contemplar una disposición transitoria para la compensación del déficit acumulado de financiación en un plazo no superior a cinco años.
