El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelares presentada por la Diputación de Alicante contra el decreto del Gobierno central que supone el recorte del trasvase Tajo-Segura. El recurso fue interpuesto ante este órgano el pasado 4 de abril.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha señalado que “después de haber aguantado y soportado el menosprecio de la Generalitat y de Ximo Puig diciendo que no podíamos hacerlo, aquí está la admisión de nuestro recurso por parte del Tribunal Supremo” y ha recordado que la Diputación ha solicitado la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico ya en su primer incremento a 7 metros cúbicos por segundo por los daños irreparables e inmediatos sobre la economía y el medio ambiente de la provincia.
En este sentido, el presidente ha insistido en que “desde la Diputación de Alicante vamos a llegar hasta el final, algo que no ha hecho ni la Generalitat Valenciana ni el PSOE, porque tenemos que defender nuestra tierra y nuestra Vega Baja y porque es el agua que nos merecemos”.
Al respecto, el dirigente alicantino ha confiado en que el tribunal tenga en cuenta finalmente los argumentos esgrimidos por la Diputación en su recurso, que se acompaña de varios informes técnicos y académicos realizadas por expertos sobre las consecuencias que la nueva planificación del Tajo tendrá sobre la cuenca del Segura, ya que solo esta primera elevación de un metro cúbico por segundo – de 6 a 7 m3/s- produce una merma de al menos 28 hm3 de agua disponible al año. Esta reducción se traduce en una pérdida económica de 85 millones de euros y más de 2.400 empleos.
“Estamos convencidos de que la razón está de nuestra parte, porque así lo demuestran los diferentes estudios técnicos y científicos que hemos presentado y que ponen de manifiesto que no está acreditado de ninguna forma que el aumento del caudal ecológico vaya a mejorar la calidad de la cuenca cedente, mientras que los perjuicios para la cuenca del Segura van a ser extremadamente graves”, ha apuntado Mazón, quien ha insistido en que “no hay justificación técnica que avale la decisión de aumentar el caudal ecológico y por eso solicitamos que se suspenda de forma cautelar esta medida totalmente arbitraria e injustificada”.
Tras admitir a trámite la petición de la Diputación de Alicante, el Tribunal Supremo da un plazo de diez días a la Abogacía del Estado para que alegue lo que considere sobre la medida cautelar solicitada por la institución alicantina.
