Una de las ayudas más importantes de la Conselleria de Agricultura para paliar las pérdidas originadas por la Covid-19 entre los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana ha resultado, a criterio de LA UNIÓ de Llauradors, «un absoluto fracaso», tal y como ya auguraba la asociación agraria.
Esta semana se ha publicado en el DOGV la resolución de la concesión de las ayudas a las personas productoras primarias que realizan venta directa en lonjas, alhóndigas o al por menor, de productos agroalimentarios afectados por la Covid-19, del Decreto 59/2020, de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y personas en régimen autónomo del sector primario, que han sufrido pérdidas económicas por Covid-19.
El presupuesto para esta línea de ayuda era de 2.250.000 euros y únicamente se han destinado 49.500 euros, es decir, solo se ha podido ejecutar el 2,2% del presupuesto, tras acceder únicamente 33 personas a estas ayudas por las limitaciones establecidas en la normativa.
Estas ayudas ya fueron criticadas por LA UNIÓ en su día, entre otros motivos por las dificultades de acceso a las personas físicas al no disponer de certificado digital. Ahora, la resolución publicada con la concesión le da la razón.
Cabe señalar que LA UNIÓ ha tenido que recurrir al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Generalitat para conseguir toda la información relacionada con el expediente del Decreto 59/2020, después de que la Conselleria de Agricultura no contestara al recurso de reposición que presentó ante estas ayudas el pasado mes de junio. Finalmente, y una vez remitida esta información en el día de ayer, se estudiará la oportunidad de presentar un Contencioso Administrativo.
En este sentido, la organización reclama a la Conselleria de Agricultura una rectificación y, por tanto, la redacción de un nuevo Decreto para que las personas afectadas por la Covid-19 puedan acceder a estas ayudas y poder destinar a ellas, el 97,80% del presupuesto restante que no se ha consumido en esta línea y, en cualquier caso, a sectores agrarios afectados por la Covid-19, tanto agrícolas como ganaderos.
LA UNIÓ basaba su argumentación jurídica sobre el recurso de reposición interpuesto a principios de junio, en que la decisión de la Generalitat de obligar a presentar las solicitudes de ayudas -incluso para las personas físicas- de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana no tenía fundamento jurídico. Tampoco que se estableciera el plazo de 15 días hábiles, sin tener en cuenta la suspensión de plazos administrativos contemplado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
