La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, constituida en Pleno, ha acordado este lunes por una amplia mayoría (10 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención) adherirse al comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales y, en línea con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión celebrada en fecha 9 de noviembre de 2023, expresar sus reservas en lo que se refiere al acuerdo suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Así, el TSJCV muestra “nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política‘ y sus consecuencias en el texto del acuerdo alcanzado, que contiene «explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria» a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Según la Sala de Gobierno del TSJCV ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con «evidente intromisión en la independencia judicial» y «quiebra de la separación de poderes». Los jueces, recuerda el Tribunal Superior de Justicia, «han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley», puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución.
Por ello, el TSJCV considera que estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, «no son aceptables». El Poder Judicial en España es independiente, «no actúa sometido a presiones políticas» y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta.
Se suma así el mayor órgano de gobierno judicial de la Comunitat Valenciana a la oposición frontal del Consejo General del Poder Judicial, multitud de tribunales superiores de justicia de otras tantas comunidades autónomas y la práctica totalidad de asociaciones de jueces, abogados, fiscales y notarios, sin contar con las entidades, asociaciones y colectivos de diversas áreas rechazan lo que consideran, a todas luces, un atentado contra la división de poderes que imperan en todo Estado de Derecho que se precie.
