En una primera fase, destina 32.500 euros procedentes de los Feder a medir el consumo energético de los edificios y analizar cómo mejorar su eficiencia
La conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha puesto en marcha una estrategia para reducir las emisiones de CO2 procedentes de los edificios judiciales de la Comunitat Valenciana, con la que se suma a la prioridad europea de mejorar la eficiencia energética de todos los edificios públicos valencianos.
El primer paso para alcanzar ese objetivo lo ha dado la Subdirección General de Infraestructuras y Mantenimiento de Sedes Judiciales mediante la licitación dos contratos para realizar certificaciones energéticas y auditorias de las sedes judiciales de la comunidad.
El contrato de certificaciones energéticas, adjudicado por un importe de 6.830 euros (más IVA), permitirá medir el consumo energético de cada uno de los inmuebles judiciales. A continuación, las auditorías, licitadas por un importe de 25.662 euros (más IVA), acometerán un estudio más profundo que permitirá determinar las oportunidades de ahorro de consumo y como mejorar la eficiencia energética de cada inmueble.
Los certificados energéticos y las auditorías facilitarán la información necesaria para que la Subdirección General de Infraestructuras y Mantenimiento de Sedes Judiciales diseñe a continuación las actuaciones necesarias en cada edificio judicial para abaratar el consumo y los costes energéticos y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
La Conselleria de Justicia, de acuerdo con las prioridades medioambientales de la Unión Europea, aplicará en su estrategia técnicas de ahorro energético y de implantación de energías renovables en las instalaciones judiciales mediante la sustitución y mejora de sus equipos y sistemas, así como de las envolventes térmicas.
Estas actuaciones se incluyen dentro de los fondos del Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020, que es el encargado de cofinanciar el 50 por ciento de aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética y a reducir las emisiones de CO2 en las edificaciones e infraestructuras y servicios públicos.
