La Fiscalía ha emitido un informe contrario a abrir una investigación contra Carmen Montón, ex ministra de Sanidad, por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con su título de posgrado en la Universidad Juan Carlos I.
El ministerio fiscal ha trasladado a la jueza Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado número 51 de instrucción de Madrid, en un escrito que no es vinculante, que no ve indicios de delito en la obtención por parte de la ex ministra del máster en Estudios Interdisciplinares de Género en 2010-2011.
Así, el escrito habla de que no hay indicio alguno de relación académica ni de concierto previo entre la alumna y la directora del máster, Laura Nuño, ni tampoco prueba alguna de que las notas fueran modificadas a posteriori.
Cabe recordar que la apertura de diligencias por parte de la jueza fue a instancias de una denuncia anónima y que los cargos eran los mismos por los que esta misma jueza pidió al Supremo que se investigara al presidente del PP, Pablo Casado.
La denuncia señalaba a la ex ministra como autora de plagio en su trabajo de fin de máster, con párrafos enteros copiados de varios autores a los que no citó en la bibliografía de dicho trabajo -hasta un total de 19 páginas-. Sin embargo, este hecho carece de relevancia a ojos de la Fiscalía, que añade que incluso como delito contra la propiedad intelectual, estaría prescrito.
No obstante, la Fiscalía matiza que otra cosa es la responsabilidad administrativa en la que pudiera incurrir la alumna y el profesorado que aprobó el trabajo.
En cuanto a los cambios en las calificaciones y convalidaciones, la Fiscalía habla de "procedimientos que no dependen del alumno", por lo que no son achacables a la exministra.
En cualquier caso, la Fiscalía aclara que aun pudiéndose tratar de un caso de cohecho impropio por haber trato de favor, el delito estaría prescrito por transcurrir en el curso 2010-2011 los hechos.
Los correos, a criterio de la Fiscalía, evidencian interés de la exministra por los contenidos del temario del máster y también por superar las asignaturas del mismo.
Además de la valoración de la Fiscalía, la jueza solicitó a la universidad que le remitiera documentación sobre el máster de Carmen Montón, así como los nombres del director del posgrado y el responsable del Instituto de Derecho Público en el curso 2010-2011. Se da la circunstancia de que Enrique Álvarez Conde, principal imputado en el caso máster, ostentaba este último cargo.