La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio va a continuar con la tramitación del Decreto Ley de regulación de las VTC después de obtener el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat. De esta manera, la Conselleria tiene previsto llevar en el próximo pleno del Consell el decreto ley para su aprobación.
Una vez aprobado por el pleno, este Decreto Ley deberá ser sometido a su convalidación por parte de la Diputación Permanente de Les Corts que también tendrá la posibilidad de decidir si quiere tramitarlo como un proyecto de ley.
El informe de la Abogacía de la Generalitat avala íntegramente la viabilidad jurídica del proyecto de Decreto Ley planteado por la Conselleria de Obras Públicas, ya que, entiende que hay razones de “extraordinaria y urgente necesidad” para la utilización de este instrumento normativo, cuyo objetivo es hacer frente a una coyuntura económica problemática, como es la regulación de los servicios de transporte de viajeros mediante arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).
Además, la Abogacía asegura que las directivas y la jurisprudencia de la Unión Europea permiten regular los servicios de intermediación en el transporte, ya que estos forman parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte. Así, desde la perspectiva del Derecho europeo, entiende que es competencia de los estados miembros (y de las comunidades autónomas en España por delegación del Estado) acometer una regulación de esta actividad económica.
Por último, respecto al respeto al principio de libertad de empresa, la Abogacía entiende que el proyecto cumple con el marco europeo y estatal regulador de la libertad de empresa en el sector de los transportes, ajustándose todo el contenido del proyecto al “bloque de constitucionalidad”.
Del mismo modo entiende la Abogacía que la regulación realizada en el proyecto legislativo que se tramita es respetuosa con el “contenido esencial” de los derechos que se regulan, apoyada en la doctrina sentada por el TS en su sentencia de 4 de junio de 2018, y que dicha sentencia “da cumplida respuesta a las alegaciones de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana”.
En cuanto a las posibles responsabilidades patrimoniales, la Abogacía asegura que en este caso “no concurren ninguno de los supuestos” que contempla la legislación para la reclamación de estas responsabilidades, con lo que cabe entender que el marco legal establecido no ha de suponer obligaciones indemnizatorias para la Generalitat.
Puntos del decreto ley
Hay que recordar que la Generalitat inició este año un intenso proceso de participación para redactar el decreto ley de regulación de las VTC después de que el Estado habilitara el pasado mes de septiembre a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación de las autorizaciones VTC debido al aumento que se ha producido en este sector. Hay que recordar que el sector de las VTC no está tan regulado mientras el sector del taxi está sometido a una fuerte regulación.
La Conselleria ha centrado su decreto ley en la regulación de los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC que son de su competencia, mientras que permite que los ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos.
El decreto ley también establece un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos pueden incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario.
Además, no se permite la captación de clientela por parte de los vehículos que circulen por las vías públicas ni tampoco la geolocalización.
Por último, se introducen medidas como que los vehículos deberán tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos deberán ser menos contaminantes y cambiarse por coches ecológicos.
Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen 4.686 licencias de taxi por 373 licencias de VTC.
