La tragedia continúa. Y lamentablemente, con la certeza de que apenas se logra ver la punta de un iceberg que está esquilmando, con extrema crudeza, la avifauna de nuestro territorio.
De nuevo agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana recogieron dos aves rapaces muertas por electrocución junto a sendas instalaciones eléctricas de Iberdrola, en una Zona de Protección declarada en 2010 para proteger a las aves de las electrocuciones.
Es éste un hecho que en sí mismo demuestra que, pese a existir obligación por Ley de proteger los tendidos eléctricos, la compañía eléctrica incumple loa normativa pese a las reiteradas denuncias tanto de los propios agentes medioambientales como de las asociaciones y colectivos ecologistas.
Esta vez han sido un busardo ratonero (Buteo buteo), cuyo cadáver fue hallado al pie de una torre en Camporrobles, y un búho real (Bubo bubo), encontrado en idénticas circunstancias en Villargordo del Cabriel.
Como venimos relatando desde este diario, no es un caso aislado ni muchísimo menos. Muy al contrario, el reguero de sangre en este sentido es interminable y ahí están los datos para demostrarlo. Sin embargo, sigue sin actuarse en consecuencia cuando la mera aplicación de la legislación vigente sería suficiente para hacerlo.
La electrocución es una de las principales causas de mortalidad para muchas especies de aves pero se ceba de forma especial con el grupo de las aves rapaces. En el año 2009 se realizó una evaluación de la mortalidad por esta causa en la Comunidad Valenciana, a partir de la cual se aprobó la Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecieron las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenaron medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión (DOCV nº 6391, de 15 de octubre de 2010).
Desde entonces se mantiene un registro actualizado de electrocuciones de fauna salvaje, alimentado a partir de los ingresos de ejemplares electrocutados en los Centros de Recuperación de Fauna de la Comunidad Valenciana, que a su vez son entregados principalmente por agentes medioambientales, agentes de Policía Local o Guardia Civil y operarios de empresas de distribución eléctrica, entre otros.
Municipios con mayor número de electrocuciones de aves en tendidos eléctricos de alta tensión
Durante el pasado año 2019 se tuvo conocimiento de 520 electrocuciones -se sospecha que el número real es muy superior- que ya de por sí supone el máximo anual desde que se inició el seguimiento de la mortalidad de fauna salvaje por esta causa en la Comunidad Valenciana.
El pasado 18 de mayo este diario se hacía eco del escrito que varias ONGs elevaban a la consideración de las compañías eléctricas Iberdrola, Naturgy, Endesa, Viesgo y EDP, así como a las dos asociaciones que integran cerca de 300 empresas de distribución eléctrica más pequeñas: CIDE y ASEME recordándoles el biocidio de avifauna que provocan los tendidos eléctricos y pidiéndoles que adapten sus normas y manuales técnicos internos, para implantar soluciones eficaces que protejan a las aves. Aunque es pronto para valorarlo, la respuesta se antoja insuficiente, si no inexistente.
El 28 de abril, estas mismas ONGs se dirigían a la Generalitat para pedirle la creación de Patrullas específicas de agentes medioambientales para revisar de forma intensiva los tendidos eléctricos. Hasta hoy. Y el problema, como estamos viendo, crece de manera exponencial, poniendo en serio peligro la supervivencia de la avifauna, un tesoro biológico insustituíble.
