El secretario autonómico de Inclusión afirma que el nuevo enfoque de sistema de justicia social, inclusión activa y autonomía personal «empieza a dar los primeros frutos» | Ibáñez apunta a la introducción de criterios de progresividad fiscal y a la garantía de prestaciones como elementos principales de redistribución de la riqueza
El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha destacado la «transversalidad de las políticas del Consell para combatir la pobreza» con medidas de apoyo a las familias y con políticas redistributivas de la riqueza desde el punto de vista social, con la nueva renta valenciana de inclusión o fiscal, con la reforma tributaria, «desarrolladas por el Consell del Botànic».
Alberto Ibáñez, que ha participado como ponente en la jornada ‘Políticas redistributivas frente a la desigualdad’, organizada por Oxfam Intermón, ha explicado las principales líneas del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social (Plan VICS), centrado en romper con la transmisión intergeneracional del empobrecimiento mediante tres ejes de actuación: Rescatamos Personas, Cohesión social y ámbito relacional y Equidad Territorial.
Ibáñez ha asegurado que, mediante el Plan VICS, por primera vez, las administraciones públicas cuentan con estrategias específicas que dan un peso equilibrado entre «el empobrecimiento monetario y de acceso a recursos y el empobrecimiento afectivo, social y familiar», además con una visión «territorial no centralista que presta principal atención a las zonas rurales y a las grandes ciudades».
Al respecto ha afirmado que la puesta en marcha del nuevo enfoque que pasa de la caridad y el paternalismo a un sistema de justicia social, inclusión activa y autonomía personal «empieza a dar los primeros frutos».
Así, ha concretado Ibáñez, la mayoría de indicadores macroeconómicos han mejorado por encima de la media del Estado, entre los que ha destacado la tasa AROPE, que mide las desigualdades y la exclusión social, y que «mientras que en 2015 estaba en 32,9%, en 2016 se había reducido hasta 30,5%, una reducción de un 7,3%, mientras que el Estado solo se redujo en un 2,4%, es decir, una bajada tres veces mayor».
Sin embargo, ha advertido, se requiere «mayor inversión pública y esfuerzos para consolidar los diferentes cambios y el nuevo marco legislativo que conforma el Código Social Valenciano. También considera necesario, una respuesta comunitaria «más allá de las instituciones tradicionales» con alianzas con otros territorios que permitan «virar el actual modelo hacia una sociedad feminista, que democratice el cuarto y quinto poder poniéndolos al servicio de la ciudadanía y sea respetuoso con el medio ambiente».
Ibáñez ha apuntado como elementos principales de redistribución de la riqueza puestos en marcha por el Consell, la introducción de criterios de progresividad fiscal como factor regulador de la justicia social y la garantía de prestaciones.
En este sentido ha precisado las acentuaciones desarrolladas en la Comunitat Valenciana referentes a la reforma tributaria de 2017 que ha supuesto revertir la carga fiscal sobre las familias bajas y medias y la nueva renta valenciana de inclusión.
Al respecto, el secretario autonómico ha recordado que hasta entonces era la valenciana era la comunidad autónoma donde más pagaban las familias con rentas bajas y medias mientras que las rentas más elevadas pagaban menos que al resto del Estado.
En cuanto a la nueva renta valenciana de inclusión, el secretario autonómico ha asegurado que es una herramienta integral de lucha contra la exclusión social con el objetivo de «romper la transmisión intergeneracional del empobrecimiento y combatir la feminización de la pobreza».
Así, ha subrayado que la renta, «con una fuerte perspectiva de género» garantizará ingresos mínimos no condicionados o vinculados a la inserción sociolaboral y por otro lado, supone un sistema de complemento a prestaciones sociales y a las rentas del trabajo.
Según ha señalado, a la prestación económica hay que añadir como transferencia social el acceso gratuito a becas de comedor y transporte, acceso a la educación 0-3 años, cobertura del copago farmacéutico y un complemento del 25% a aquellas familias con un alquiler o hipoteca por garantizar el derecho al vivienda y los derechos energéticos.
Además, el secretario autonómico ha hecho hincapié en que como novedad, ley da respuesta a la realidad plural de la sociedad y rehuye de una visión administrativista de la política social.
A modo de ejemplo, Ibáñez ha citado que con el actual Renta Garantizada de Ciudadanía una familia de 4 miembros podía percibir hasta 457 euros mientras que con la nueva ley de RVI podrá percibir hasta 883 euros.
Dentro de las estrategias sobre la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades del Consell, Ibáñez se ha referido a la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos que se presenta el próximo miércoles y que diseña un nuevo sistema público que se basa en derechos y la inclusión activa de las personas, con el aumento de presupuesto y la inclusión de 37.000 personas en el sistema de dependencia en los últimos dos años.
En esta línea, también se ha referido al acceso universal a la sanidad, suspendido por el TC, el acceso normalizado al copago , y la apuesta por la educación pública con servicios nuevos como Xarxa Llibres, la reducción de las tasas universitarias en un 15% o el aumento de las becas en un 35%.
Por último ha citado el reconocimiento del ocio educativo como un derecho en la Ley de Políticas Integrales de Juventud o la Ley de la Función Social de la Vivienda consensuada con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
