La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a ocho años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa a un recluso de la prisión de Fontcalent que intentó matar a otro tras clavarle un bolígrafo modificado como si fuera un cuchillo en el cuello. El penado no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio durante 20 años.
La Sala le impone además la obligación de indemnizar con 2.076 al perjudicado por los daños y los prejuicios que sufrió a consecuencia del ataque, indemnización de la que responderá Instituciones Penitenciarias de forma subsidiaria, en el caso de que el reo no pueda hacer frente a la misma. El hombre también tendrá que indemnizar al centro penitenciario con 240 euros por la asistencia médica que recibió la víctima.
Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024, en una zona común del centro penitenciario, donde se encontraba la víctima porque iba a hacer un trámite burocrático, cuando el otro recluso le atacó con el bolígrafo, que previamente había sido modificado como si fuera un cuchillo, y se lo clavó en la nuca.
El acusado reconoció parcialmente los hechos en la vista aunque señaló que su intención fue darle en la espalda y erró el golpe. Asimismo, alegó que no había manipulado el bolígrafo, que era normal, y que reaccionó de esa forma porque pensaba que el otro preso «iba a ir a por él» y que ese mismo día le había amenazado. Sin embargo, para la sala, por el lugar en el que se ejecutó el golpe solo se puede deducir la intención de matar o asumió esa posibilidad sin importarle que se produjera y considera que se trató de una conducta premeditada y con ánimo vengativo.
El interno agredido, que fue operado de urgencia para extraerle el objeto, tardó 21 días en quedar estabilizado de la lesión y le quedó como secuela una cicatriz de un centímetro en la región cervical.
Tras la agresión, el condenado fue hasta una de las estancias de la cárcel, donde se cambió de ropa. Pese a ello fue identificado y detenido porque su acción había sido observada por un funcionario y grabada por las cámaras de vigilancia de la prisión.
Agresor y agredido habían mantenido previamente a los hechos diferencias y desencuentros previos, por los que habían sido separados en diferentes módulos para evitar posibles enfrentamientos. Pese a ello, y pese ser conocedora de esos «desencuentros y enemistad», según relata la sentencia, Instituciones Penitenciarias sí permitió que ambos compartieran espacios comunes, sin que los servicios penitenciarios adoptasen los medios adecuados para evitar el contacto entre ambos.
