Si el pasado viernes nos hacíamos eco del triste inicio de año al informar de la muerte por electrocución de un águila imperial en la pedanía requenense de Hortunas, los días siguientes no hicieron sino reafirmar una semana auténticamente negra para la avifauna de la comarca. Nos preguntábamos al final de aquella noticia «cuál será la próxima». Sólo hubo que esperar unas horas.
Los agentes medioambientales de Requena se hacían eco apenas unas horas después de nuestra publicación del hallazgo del cuerpo sin vida de un halcón peregrino por la zona de San Antonio de Requena, y el mismo día, de un búho real en Utiel, ambos con indicios evidentes de electrocución.
Tres aves rapaces muertas, las tres de especies protegidas, en solo 7 días evidencian la urgencia con la que es preciso actuar para frenar la mortalidad de la avifauna por electrocución en tendidos eléctricos. Lo más sangrante del caso es que no se trata de una reivindicación dirigida a cambiar nada, sino a exigir cuanto menos el simple cumplimiento de la normativa vigente sobre este problema.
Asociaciones conservacionistas como Adensva (Asociación para la defensa de la naturaleza al sur de Valencia) y la SVO (Societat Valenciana d’Ornitologia) han protagonizado y protagonizan una auténtica cruzada exigiendo la corrección de todos y cada uno de los tendidos eléctricos peligrosos que existen en la Comunitat Valenciana. Algo que pese a ser de obligado cumplimiento conforme a la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental e incluso a cargo de fondos de la administración pública, sigue quedándose en un cajón porque no se actúa de oficio ni se sanciona convenientemente su incumplimiento, si no es «a toro pasado».
En pocas palabras, para corregir todos los apoyos peligrosos para las aves, antes debería morir una en cada uno de los que no están protegidos. Un lujo que no nos podemos permitir, y menos aún con especies amenazadas -conviene recordar que la Comunitat Valenciana no tiene una población estable de águilas imperiales desde el siglo XIX-.
La falta de avances en este sentido se fundamenta en dos actores necesarios: Las compañías responsables de las infraestructuras de conducción eléctrica que no quieren afrontar la inversión de corregir esos apoyos de oficio, y las distintas administraciones públicas competentes que se resisten a completar las oportunas sanciones con argumentos con frecuencia espúreos.
La Sentencia 1215/2021 del Tribunal Supremo dio lugar a un hálito de esperanza, y así nos hicimos eco de ello en este diario, para acabar de una vez por todas con la dejadez de unos y la inacción de otros. Sobre todo porque por primera vez se establecía negro sobre blanco que la Administración de Industria debería velar por la prevención de daños ambientales y obligar a reparar las líneas cuando se detecten defectos por ausencia de medidas antielectrocución en las inspecciones trianuales obligatorias que certifican el estado en que se encuentran las instalaciones eléctricas. Pero la triste realidad es que a esta sentencia no se le está haciendo ni caso.
La SVO, que desde entonces sigue en su lucha sin desfallecer -todos nos jugamos mucho-, apela también a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En este sentido la asociación asegura que, a pesar de ser muertes previsibles y evitables, no se está sancionando por causar la muerte a especies protegidas, ni se suele pedir al responsable que pague por el valor patrimonial de los ejemplares destruidos.
La Generalitat Valenciana tiene mucho trabajo por delante si de verdad tiene voluntad política de acabar con este grave problema en vez de lucir proyectos engañosos haciendo creer a la sociedad que se preocupa por las especies emblemáticas, cuando la realidad en estos últimos años ha sido otra.
