La exdirigente etarra Iratxe Sorzabal se enfrenta a seis años de cárcel en el juicio que celebra este lunes la Audiencia Nacional por la colocación de una bomba en el aeropuerto de Alicante-Elche en julio de 1995, que fue encontrada y desactivada sin causar daños.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para Sorzabal, detenida en Francia en 2015 junto al exjefe de ETA David Pla, la prohibición de volver al lugar de la comisión del delito durante cinco años.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la exdirigente de ETA colocó un artefacto explosivo en una papelera del Aeropuerto del Altet de Elche situada en el túnel que une el aparcamiento con la llegada de pasajeros el 29 de julio de 1995.
Sobre las 12:45 horas, una empleada de la limpieza lo encontró cuando iba a vaciar la papelera y dio el aviso, por lo que las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado acordonaron la zona. Los Tedax consiguieron finalmente desactivar el artefacto, compuesto por un reloj digital, una pila de 9 voltios, 500 gramos de sustancia explosiva, un detonador eléctrico y unos cables.
No se produjeron daños personales ni materiales, «aun cuando el artefacto explosivo fue colocado con la finalidad de causar el máximo daño posible a las personas y al patrimonio público y privado», señala la Fiscalía en su escrito.
Para esta parte, los hechos con constitutivos de un delito de terrorismo del Código Penal de 1973, vigente en el momento de los hechos, que corresponde a uno de estragos terroristas en el marco jurídico actual.
Iratxe Sorzabal fue condenada en 2022 por primera vez en España a 24 años y medio de prisión por un doble atentado perpetrado en noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y el Palacio de Justicia. El pasado mes de febrero, un juzgado de la Audiencia Nacional ha reabierto el sumario por el asesinato del suboficial de la Ertzaina Montxo Doral en 1996, un crimen que la Policía autónoma vasca atribuye a un comando bajo la dirección de Sorzabal.
El Tribunal Correccional de París la condenó en rebeldía en junio de 2006 a 3 años de cárcel por su pertenencia al aparato político de ETA y en 2013 fue de nuevo condenada en rebeldía en el juicio en el que se le impuso una cadena perpetua al padre de su hija, el exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe, Ata, por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007.
