La Unió ha informado en un comunicado hecho público este jueves de una serie de robos de naranjas perpetrados durante los últimos días en la Ribera Alta y también en diversas comunidades de regantes de la Plana Baixa. Para analizar la situación solicita una reunión urgente de la comisión de seguridad en el ámbito rural que coordina la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y que lleva ya varios años sin convocarse.
En el caso de las naranjas de la Ribera Alta se trata de robos de la variedad Navelina que tiene esta campaña un mejor precio que la pasada tanto para destino en fresco como para la industria, lo que ha provocado un mayor interés para ser robadas. Eduard Martí, secretario comarcal de LA UNIÓ, señala que “cuando va barata en campo y para las peladoras de la industria como ocurrió el pasado año disminuyeron los robos, en esta campaña ante la subida del precio ya se observan más”.
Sobre las comunidades de riegos de la Plana Baixa ya se han detectado robos en varias de ellas de metales como el cobre y el hierro totalmente revalorizados. David Esteban, secretario comarcal de LA UNIÓ, indica que “para cometer esos robos se producen además considerables destrozos al reventar las puertas o ventanas para acceder a las mismas y también rotura de los tejados. Una vez dentro se llevan todo lo que encuentran: aperos; motores, grupos electrógenos, baterías, compresores, bombas y contadores de riego, cables de cobre, tapas, etc.,”. Esteban afirma que “aparte del valor del material robado, ya de por sí importante, el daño está también en los costes de reparación que ascienden siempre a cantidades muy elevadas. En unos momentos donde los ingresos agrícolas son cada vez más bajos, resulta contraproducente tener mayores gastos para poder reparar los daños causados por los robos.
LA UNIÓ insiste en la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a la seguridad en zonas rurales, con las mismas obligaciones que los habitantes de las zonas urbanas y también con los mismos derechos. Así, propone reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente los equipos ROCA de la Guardia Civil, para aumentar la seguridad en el medio rural y combatir los robos en las explotaciones agrarias.
La organización agraria indica que los robos se producen porque existe un mercado negro consolidado con compradores seguros que se quedan con la mercancía. Por ello reclama mayor control y vigilancia en los campos durante la recolección y que posteriormente se controle la procedencia de las mercancías también en la distribución comercial, así como se investiguen aquellos comercios, almacenes o personas que se dedican presuntamente a comprar productos hurtados en los campos o materiales de casetas de riego o almacenes. Es muy importante que se controlen los puntos sospechosos de venta de esa posible mercancía robada, verdadero centro de atención para acabar con estos robos porque “si se roba es porque alguien compra”.
LA UNIÓ reclama la colaboración de los almacenes que compran productos con las fuerzas de seguridad del Estado para que trasladen enseguida cualquier posible mercancía proveniente de un robo. Así, les pide a las empresas del sector un mayor esfuerzo y colaboración a la hora de comprar la naranja, verificando la procedencia y denunciando a toda persona sospechosa de vender producto procedente de robos. También solicita a los agricultores afectados que interpongan la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para que se inicie la investigación y conste el delito en las estadísticas, clave para un incremento de la presencia policial en el mundo rural. Para ello cree que las Administraciones han de facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas, pues en muchas ocasiones desisten de interponerlas ante las dificultades que encuentran. En este sentido propone que los Ayuntamientos y Juzgados de Paz tengan la capacidad de registrar denuncias por actos delictivos en el ámbito rural, así como que se establezca un sistema telemático específico para la interposición de denuncias por actos delictivos en explotaciones agrarias y en las zonas rurales.
