LA UNIÓ de Llauradors ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la Conselleria de Agricultura que habilite, para la presente campaña, la medida de cosecha en verde en el sector vitivinícola para aliviar la situación del mercado sobre el que siguen pesando las restricciones de todo tipo impuestas durante la pandemia.
La organización ha solicitado esto a través de un escrito en el que expone que la cancelación de celebraciones y actos festivos, junto con los cierres y restricciones del canal HORECA que se están prolongando ya por más de un año debido a la COVID19, están lastrando el mercado de vino.
Según LA UNIÓ, a cuatro meses de la próxima vendimia es urgente adoptar medidas para no sobrealimentar el mercado con volúmenes que no pueda absorber. Por este motivo se ha dirigido al Ministerio de Agricultura para reclamar la puesta en marcha de la medida de vendimia en verde que contempla en Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) y con un presupuesto mucho más ambicioso que en la convocatoria de 10 millones de euros del pasado año.
De entre el abanico de medidas que recoge el PASVE la organización apuesta por la vendimia en verde. “No tiene sentido producir la uva, vendimiarla, elaborar el vino y luego gastar el dinero en tener que quemarlo en una destilación de crisis”, comentan. LA UNIÓ considera, además, que el dinero de la vendimia en verde llega directamente al bolsillo del viticultor, mientras que el efecto positivo de otras posibles medidas es mucho más indirecto y tampoco está garantizado.
Se pide agilidad a la Conselleria de Agricultura
LA UNIÓ de Llauradors pedirá también a la Conselleria de Agricultura que traslade al Ministerio la puesta en marcha de la cosecha en verde y que aceleren los trabajos administrativos. Los cambios introducidos en el Real Decreto 283/2021 obligan a las Comunidades Autónomas a establecer sus criterios de prioridad, así como a decidir las cuantías y modalidades de pago de la ayuda, así que “ahora tienen más trabajo y tienen que hacerlo rápido para que la ventanilla se abra lo antes posible”.
Desde LA UNIÓ apoyaron la petición del Ministro de Agricultura de fondos extraordinarios a la Unión Europea para hacer frente a la crisis del sector, “pero si Bruselas no aporta recursos, el Estado español tendrá que hacerlo, tal y como sucede en Francia”, añaden.
LA UNIÓ critica, por último, que entre el abanico de los criterios de prioridad para seleccionar a los viticultores que podrían optar a estas ayudas el Ministerio no haya colocado a los agricultores profesionales. De hecho, la Ley 19/1995 de modernización de las explotaciones agrarias establece que las explotaciones prioritarias, cuyos titulares viven fundamentalmente de la actividad agraria, tiene que tener preferencia en la concesión de ayudas y derechos. “El Ministerio no lo ha contemplado, pero vamos a pedir a la Conselleria de Agriucltura que lo haga dentro de su margen de competencias”, afirman desde la organización.
