La Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) ha mostrado su total desacuerdo respecto a la nueva propuesta planteada por la Generalitat Valenciana para frenar la muerte de avifauna en los tendidos eléctricos. El documento de alegaciones presentado por la SVO el 14 de octubre de 2020 ante la Dirección General de Medio Natural considera que la administración valenciana pretende mantener la misma línea de actuación seguida hasta ahora, que ya se ha demostrado absolutamente ineficaz para alcanzar la solución a esta grave problemática, ya que no se implementan los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación.
Por ello, la SVO solicita a la Generalitat Valenciana que tenga en consideración las alegaciones presentadas, así como los escritos y denuncias remitidas por diferentes entidades que han sacado a la luz las carencias y anomalías del órgano autonómico para hacer frente a las masivas muertes de aves por electrocución en los apoyos y colisiones contra el cableado de los tendidos eléctricos.
tendido eléctrico valenciano sin elementos de protección, con síntomas de haber
sufrido una electrocución
La propia SVO y otras asociaciones conservacionistas valencianas como ADENSVA, Acció Ecologista-Agró, GER-EA, AHSA, así como el sindicato CGT-PV o la Asociación de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana, vienen reclamando a la Generalitat que incremente las inspecciones y que aplique la normativa nacional de protección del medio ambiente y de seguridad industrial.
La propuesta que ahora plantea la Generalitat dejaría fuera de consideración aproximadamente un tercio del territorio autonómico. Aunque ni siquiera las nuevas zonas que ahora se proponen son una garantía, tomando como referencia el hecho de que en aquellas áreas designadas ya en 2010, tan sólo se ha corregido un 14% de las instalaciones eléctricas existentes. Esto supone que apenas el 2,3% de toda la red de distribución eléctrica valenciana ha sido adecuada para evitar la muerte de aves. Y esto es así debido, a criterio de la SVO, a que la Generalitat Valenciana no parece tener un calendario donde se fijen claramente los plazos de corrección, ni impone sanciones por el incumplimiento de la normativa.
Esta misma semana aparecía el cadáver de un águila perdicera en el Valle de Ayora con síntomas de haber colisionado con los cables de una línea eléctrica sin elementos de protección, situada en el interior de una las zonas designadas en el año 2010. Esta especie se encuentra en regresión en toda la Península Ibérica y cuenta como principal amenaza con la mortalidad producida por tendidos eléctricos.
A su vez, la propuesta de Resolución dejaría explícitamente fuera del ámbito de aplicación todas las áreas urbanas e industriales de la Comunitat Valenciana. Parece como si la Conselleria de Transición Ecológica no supiera de la presencia de un nutrido grupo de aves que viven en las inmediaciones de nuestros hogares. Aves protegidas como lechuzas, cárabos, autillos, cernícalos… que además de que su cercana presencia nos conecta con la naturaleza, realizan una extraordinaria labor de control de roedores e insectos. Basta contemplar el macabro ejemplo ocurrido durante agosto y septiembre de 2020, en que han sido halladas más de veinte cigüeñas blancas electrocutadas en diversos tendidos eléctricos valencianos, que en el transcurso de su viaje migratorio pararon a hacer noche en entornos urbanos e industriales de varias localidades donde hallaron la muerte a más de 20.000 voltios.
Por todo ello, la SVO ha transmitido a la Generalitat la necesidad de que se establezcan los mecanismos eficaces para no eternizar un problema que la propia Generalitat estima en cerca de 1.000 aves rapaces muertas cada año. La aplicación de la legislación vigente en materia de seguridad industrial y de prevención de daños ambientales es fundamental para garantizar la compatibilidad entre la distribución de la energía eléctrica y la preservación del medio ambiente. La SVO espera de la Generalitat que defienda el patrimonio natural valenciano por encima de determinados intereses privados, y lamenta la falta de compromiso del Gobierno Valenciano a la hora de elaborar estas normas sin presiones externas.
