Los centros de acogida temporal de emergencia (CATE) impulsados por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con motivo de la pandemia por COVID-19 han atendido a un total de 237 personas desde que se pusieron en marcha el pasado mes de abril en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.
Así lo ha explicado la directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, María José Cortell, quien ha explicado que estos centros han atendido a perfiles muy diversos que iban desde personas sin hogar hasta otras a las que sus familias o los entornos comunitarios, a los que acudían ordinariamente, no podían garantizarles la atención que requerían en estos momentos de crisis sanitaria.
Cortell ha señalado que la Conselleria adoptó la decisión de crear estos centros ante “las nuevas situaciones de vulnerabilidad específicas”, que ha causado la pandemia, y que requieren “de una atención social o socio-sanitaria que no puede ser prestada con los recursos ordinarios del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales”.
Los servicios sociales de atención primaria, junto con las distintas direcciones territoriales o direcciones generales de la Conselleria y con las entidades de iniciativa social o empresas del ámbito socio-sanitario han sido las encargadas de remitir a la dirección general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos los posibles casos, que se han valorado a través de una comisión encargada de hacer la asignación y el seguimiento.
En total, se han atendido 237 casos, de los que 120 corresponden a hombres y 117 a mujeres. Por el rango de edad, 182 tenían entre 16 y 64 años y 55 tenían 65 años o más.
Los distintos CATE comenzaron a funcionar en la mayoría de los casos a mediados del mes de abril, y estaban distribuidos por distintos puntos de la Comunitat Valenciana. En concreto, habían 2 en la provincia de Alicante, 3 en la de Valencia y 1 en la de Castellón.
Los centros de Alicante contaban con un centenar de plazas, por las que han pasado 141 personas; en Valencia, la capacidad ascendía a 86 plazas que han albergado en algún momento de la pandemia a 81 personas; y en Castellón había 15 plazas, que coinciden con el número de personas que han tenido que hacer uso de estas instalaciones.
Cortell ha incidido en la necesidad que había de habilitar temporalmente estos inmuebles “como centros de emergencia social y socio-sanitaria durante el tiempo que duren las consecuencias de la pandemia causada por la COVID-19 en las personas usuarias derivadas a estos recursos”.
En este sentido, ha querido destacar la rapidez con la que se tuvo que trabajar desde la Conselleria para que estos recursos, que inicialmente tenían una finalidad distinta y que recuperarán una vez finalice la situación de emergencia, estuvieran listos y equipados para atender a aquellas personas que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad.
La directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos ha explicado que además de proporcionarles un lugar donde vivir, durante este tiempo “se ha hecho un trabajo importante con aquellas personas que se encontraba en una situación especialmente vulnerable para que al salir de los CATE tenga una mejor perspectiva”.
Así, se les ha ayudado en la tramitación de la renta valenciana de inclusión, en aquellos casos en los que cumplían los requisitos para solicitarla pero no lo habían hecho, o se les ha asesorado en las diferentes ayudas o prestaciones que pueden facilitarles la vida en su día a día.
