La Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV), integrada en la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, está organizando una caravana de vehículos particulares que recorrerá el próximo 20 de mayo la comarca de norte a sur, con el propósito de concienciar a la población de que la instalación de grandes plantas fotovoltaicas traerá muchos más perjuicios que beneficios para sus habitantes.
El grupo ecologista está desarrollando desde 2020 una serie de acciones encaminadas a impedir que diversos grupos empresariales acaben construyendo en cinco de los siete municipios de la comarca (todos, excepto Cortes de Pallás y Teresa de Cofrentes) hasta 25 plantas fotovoltaicas, que cubrirían un total de 6.400 hectáreas de superficie efectiva y cuyos permisos han solicitado a la administración. ANAV es consciente de que si obtienen el respaldo decidido de la población, tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno central se tentarán muy bien la ropa antes de conceder las autorizaciones. La presión popular tendría un efecto similar sobre los promotores de los proyectos, muy pendientes de su imagen corporativa por lo que pueda afectar a las cuentas de resultados.
Se ha comunicado a la Delegación del Gobierno una afluencia prevista de una treintena de vehículos y un centenar de personas a bordo. A grandes rasgos, la caravana, que discurrirá por la N-330, la carretera que vertebra la comarca, iniciará su recorrido en Cofrentes. Los vehículos irán identificados con pegatinas y, si se quiere, tuneados. En la travesía del pueblo se retransmitirá por megafonía un discurso reivindicativo y voluntarios de ANAV repartirán octavillas y atenderán las posibles preguntas de los transeúntes. Después la caravana se dirigirá a las localidades de Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra, donde se repetirán las mismas acciones, hasta desembocar en Ayora; aquí el itinerario recorrerá diversas calles para finalizar con un discurso en el parque de los Morerales.
El sumidero valenciano
El colectivo ecologista lamenta que el Valle de Ayora-Cofrentes no tenga a ojos de la administración otra consideración que la de ser una «zona de sacrificio» para la prosperidad general, «el sumidero al que van a parar las grandes infraestructuras que nutren de energía a las ciudades del litoral, pero que nadie quiere en su casa porque la afean». La central nuclear, siete parques eólicos -215 molinos- y el complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela, que comprende una presa, un embalse y tres centrales de generación, producen conjuntamente más de 10.500 GWh al cabo del año, el 60% de la energía que consume la comunidad autónoma.
Todo ello se ubica en la comarca, pero todavía no es suficiente: ahora se quiere agregar las plantas fotovoltaicas, que generarían otros 1.152 MW de potencia y conllevarían la construcción de 165 kilómetros de nuevos tendidos eléctricos. Lo que no se tiene en cuenta es el impacto producido sobre la tierra –pretenden instalarse en las llanuras, el terreno más fértil y más apto para la actividad agropecuaria-, sobre la fauna –haciendo inviable su permanencia- y sobre el paisaje, que queda irreversiblemente alterado, lo que ahuyenta la actividad turística. Se trata así de una riqueza cuyos costes se quedan en el ámbito rural, mientras que el beneficio se esfuma hacia el urbano
«Una mentira tras otra»
«No es cierto que la instalación de los parques fotovoltaicos sirva para cambiar el modelo energético. No es cierto que estén utilizando las energías renovables para luchar contra el cambio climático», insiste Carmela Cerdá, miembro de ANAV y coordinadora comarcal de la campaña. «Si de verdad fuera así las zonas de producción energética no estarían aquí sino en donde se consume, reduciendo los daños a la naturaleza y ahorrándose el transporte. Además, las renovables servirían para sustituir a las fuentes de energía convencional, pero no para sumarse a ellas, que es lo que está ocurriendo».
Otra «falacia» que los ecologistas pretenden desenmascarar es la de la creación de puestos de trabajo que compensaría la despoblación. Es evidente que los molinos no lo han hecho más que a una escala ínfima, pero «incluso pensando en la central nuclear, a la que se tiene como el sostén laboral de la comarca, ¿cómo es que a pesar de los 300.000 millones de KWh que dicen haber producido desde su puesta en marcha, lo que representa una ingente cantidad de trabajo y de dinero, todos los pueblos de la comarca han perdido población en estos años? Se supone que una actividad es beneficiosa cuando la gente no se tiene que ir de su casa para buscarse la vida, ¿no?»
Para la activista, la creación de empleo generado por la nuclear en sus 38 años de actividad ha provocado el abandono de las actividades tradicionales de la zona, que con políticas adecuadas y sostenidas habrían podido consolidar en todo este tiempo un tejido económico y social local, pegado al terreno, más limpio y a la larga más beneficioso que la central. «¿Qué va a pasar cuando la nuclear se cierre? Ya hemos perdido el conocimiento, las destrezas que teníamos antes de su llegada. Ocurrirá lo que está pasando en Asturias o en León tras el cierre de la minería: que son territorios arruinados, la gente ya no sabe cómo vivir en ellos».
Logros y esperanzas
La Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, en la que se integra ANAV, reúne a otros 56 colectivos. Desde 2020, cuando el famoso decreto 14/20 de la Generalitat daba vía libre a la instalación de parques eólicos y solares en suelo no urbanizable, la lucha ecologista ha cosechado algunos éxitos que han ido laminando la avalancha de agresiones medioambientales que se venía encima. El primero, el cambio de actitud provocado en Compromís, uno de los partidos que integran el tripartito de gobierno en la comunidad y que viró su estrategia inicial de apoyo al decreto, diseñado por el PSOE y la consellera Mireia Moyà. La presión ecologista (y el temor a que el tercer miembro del tripartito, Unidas Podemos, alineado desde siempre con las tesis verdes, pudiera quitarle votos) forzó a Compromís a sustituir a Moyà por Isaura Navarro, mucho más exigente con los requisitos ambientales que deben cumplir los proyectos energéticos presentados por las empresas.
Con la nueva consellera la Generalitat ha reconsiderado centenares de alegaciones presentadas por particulares, colectivos y ayuntamientos y hasta el momento ha desestimado definitivamente 19 proyectos fotovoltaicos que afectaban a 11 municipios. También en el ámbito local fructifica la campaña ecologista: el DOGV ha publicado hasta el día de hoy acuerdos plenarios adoptados por 21 ayuntamientos que piden la suspensión de licencias para este tipo de actividad. Obviamente, el número total de proyectos que prosiguen su tramitación es muy superior, pero los datos demuestran que algo se mueve cuando la ciudadanía decide tomar cartas en los asuntos que le conciernen.
Plan especial
ANAV se enfrenta en la comarca a dificultades añadidas, ya que además de los proyectos acogidos al Decreto Ley 14/20 –ha presentado alegaciones contra 22 de ellos-, los ayuntamientos de Ayora (PP), Jarafuel (PP) y Zarra (PSOE) se habían unido en 2019 para adoptar un «Plan especial de ordenación de infraestructuras de generación de energía fotovoltaica», por el que declaraban aptas para la instalación de macroplantas ciertas zonas de sus términos municipales. Un total de 5.769 hectáreas de la Cañada de Jarafuel y la Vega, fértiles llanuras destinadas al cultivo de cereales y almendros, quedarían sospechosamente al alcance de un promotor italiano, GeniaDaVinci SL, que en el primer borrador de la propuesta aparece como entidad que desarrolla el proyecto y que una vez aprobado el plan optaría a promover en la zona varias plantas energéticas.
ANAV se lanzó rápidamente a alegar contra el mismo, tanto por las presuntas irregularidades detectadas (no son los ayuntamientos los que redactan el plan, sino una empresa privada -que va a optar a conseguir dichos terrenos- la que se lo ofrece a ellos ya hecho), como por deficiencias advertidas en el trámite de participación pública, además de por el agresivo impacto ambiental que provocaría en el territorio. Ni que decir tiene que todas sus alegaciones fueron desestimadas y el plan, que siguió su tramitación, se encuentra actualmente a punto de ser aprobado. ANAV estudia la posibilidad de recurrirlo legalmente una vez lo sea.
También está preparándose el grupo ecologista para presentarse en vía contencioso-administrativa contra el proyecto denominado Valle Solar, cuyo titular es la mencionada firma italiana y afecta a más de 537 hectáreas en Jarafuel.
Finalmente, también se han involucrado en la constitución de una comunidad energética en Ayora cuyo propósito es doble: lograr la autosuficiencia energética de sus miembros mediante el uso racional (así sí) de energías limpias, y de paso demostrar que, en efecto, es falso que la producción de electricidad mediante macroplantas eólicas y solares instigada por las grandes empresas pretenda paliar el cambio climático, ni corregir el modelo energético, ni por supuesto favorecer a la población local, sino obtener un beneficio económico fabuloso (un verdadero pelotazo) a costa de arrasar el territorio y los pueblos del interior. Y así, no.
