La Plaza de la Virgen de València se ha convertido este sábado en el escenario de una protesta contundente y simbólica. Centenares de vecinos, bajo el lema ‘Stop macroplanta de biometano’, han denunciado lo que consideran una «sentencia de muerte» para los pueblos del interior, exigiendo a la Generalitat una moratoria inmediata y transparencia total frente a proyectos industriales que, aseguran, privatizan beneficios y socializan riesgos.
Un funeral por el medio rural
La concentración ha arrancado con el sonido de una muixeranga y una puesta en escena impactante: los manifestantes portaban un ataúd de cartón rodeado de lápidas, representando la desaparición del estilo de vida y la salud de las comarcas afectadas. Asociaciones de Llíria, Casinos, Paterna, L’Eliana, San Antonio de Benagéber y la Serranía, entre otras, han alzado la voz contra infraestructuras que califican de «industrias de gran escala» y no de verdadera economía circular.
Casinos y Llíria: El foco del conflicto
El alcalde de Casinos, Miguel Navarro, ha sido una de las voces más críticas, alertando sobre informes independientes que demuestran «afecciones graves» en el territorio. Navarro ha calificado de «burrada» el proyecto de la macroplanta de Llíria, diseñada para gestionar casi 193.000 toneladas de residuos.
Impacto real: Los vecinos denuncian riesgos enormes de olores insoportables, tráfico pesado constante y contaminación de acuíferos.
Falta de lógica local: Según los colectivos, ni el Camp de Túria ni las comarcas vecinas producen tal cantidad de residuos, lo que implicaría que los pueblos valencianos se conviertan en los «vertederos» de basura externa.
«Zonas de sacrificio»: Críticas al modelo de transición
Durante la lectura del manifiesto, Lola Valero (Camp de Túria) y Luis Alís (Salvemos Farrajón) han cargado contra el modelo de transición energética del Consell. «La urgencia climática no puede ser una excusa para convertir pueblos vivos en zonas de sacrificio«, han sentenciado, señalando que estas plantas alteran el equilibrio ambiental de comarcas enteras en favor de balances empresariales.
Los colectivos han agradecido el respaldo científico del CSIC, recordando que la ciencia debe servir para proteger a las personas y no para «tranquilizar conciencias» políticas. La demanda es clara: una participación ciudadana vinculante y que la democracia no termine con una «firma administrativa» que hipoteque el futuro del mundo rural.
