La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha advertido al Consorcio de residuos de la Vega Baja que le retirará las competencias en la gestión “si mantiene la actual dejadez deliberada en no facilitar la recogida separada de los municipios y el tratamiento de los residuos en planta de tratamiento final”.
La consellera ha afeado la “inacción” de la entidad, presidida por la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, que podría “conducir al colapso” en la gestión de los residuos de los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja, “además de tensionar el sistema en otras áreas de gestión de la provincia”, ha señalado la consellera.
“No estamos dispuestos a abandonar a las más de 350.000 personas que viven en la comarca ni a poner en riesgo la gestión de los residuos en un momento crucial para la economía de la zona, así que insto a la presidencia del Consorcio a empezar a trabajar desde la responsabilidad en la recogida, transporte y tratamiento en planta”, ha asegurado Mollà.
La consellera se ha referido a la “pasividad” del Consorcio Vega Baja y ha reclamado la apertura de la planta de transferencia de Dolores, una inversión de la Conselleria de Agricultura de 2,6 millones de euros, “que aumentaría la capacidad y flexibilidad del sistema en la Vega Baja”, ha indicado la consellera.
La Generalitat dispone de escritos y comunicaciones de varios consorcios de residuos y áreas de gestión controlados por el PP, en los que se niegan a tratar la totalidad de residuos domésticos que va a generar la Vega Baja estos meses de julio y agosto. Concretamente, Elche (consorcio A5) y Alicante ciudad (consorcio A4), que sumarían a su propia sobre estacionalidad turística, la generada en los 27 municipios que integran el Consorcio A6.
La Conselleria, por tanto, ha decidido tomar cartas en el asunto, de acuerdo con las previsiones del artículo 6.5 de la Ley 10/2000 de residuos de la Comunitat Valenciana. En esta línea, ha emplazado a la Diputación de Alicante a actuar en favor del conjunto de áreas de gestión de la provincia, así como a invertir “en las mejores técnicas disponibles y abandonar las subvenciones al transporte de la fracción resto, contrarias a la actual legislación estatal”.
