La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 18 personas, miembros de dos familias, a penas que oscilan entre los cuatro años y medio y un año de prisión por tres delitos contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales, por traficar con drogas en la zona de la playa de Almassora.
La sentencia, fruto de una conformidad entre las partes, ha acordado además el decomiso de nueve vehículos y dos inmuebles, propiedad de los miembros de los dos clanes, adquiridos con las ganancias procedentes de la venta de las sustancias estupefacientes, así como de diferentes cantidades de dinero intervenido en los domicilios de los penados.
Estos bienes pasan ahora a formar parte del Fondo de bienes decomisado por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulados por la Ley 17/2003, de 29 de mayo.
Las investigaciones sobre estas actividades delictivas se iniciaron en mayo de 2018, cuando la Guardia Civil advirtió el incremento de las aprehensiones de pequeñas cantidades de droga destinada al autoconsumo en controles policiales en una misma zona de Almassora.
Los investigadores determinaron que esas sustancias estupefacientes provenían de dos fincas de la zona de la playa de la localidad, gestionadas por dos conocidos clanes familiares especializados en la venta al menudeo.
Durante los seguimientos realizados, los agentes observaron cómo se vendía la droga desde los mismos domicilios, a los que acudían los compradores, o desde otros puntos de la ciudad, como una parada de autobús o el ambulatorio, donde también se producían intercambios.
El 6 de julio de 2020 se produjo la entrada y registro en seis inmuebles de Almassora y otros dos de la ciudad de Castellón, residencias temporales de los condenados, donde se localizaron diferentes cantidades de cocaína y marihuana, utensilios para prepararla para su venta, además de dinero en efectivo.
En dos de estos inmuebles se localizó una pantalla de metacrilato en la ventana desde donde se vendía la droga, como medida de seguridad anticovid.
Todas las viviendas registradas tenían medias de seguridad especiales, como muros de dos metros de altura, puertas acorazadas, rejas o sistemas de videovigilancia. En algunos de los casos, los agentes vieron obligados incluso a acceder al interior practicando butrones en las paredes.
Seis de los procesados adquirieron vehículos y viviendas con pagos al contado pese a que no trabajaban y sus ingresos eran muy inferiores al importe de dichos bienes, lo que constituye según la resolución judicial un delito de blanqueo de capital.
