
José Carlos Morenilla.- Apenas han pasado 24 horas desde que acabó la final del campeonato mundial de fútbol con la victoria de Argentina en un partido vibrante y emotivo. A lo largo del partido, el árbitro pitó varios penaltis que nadie discute, porque hay un reglamento y se juega respetándolo. ¿Se imaginan ustedes cómo hubiera acabado el partido sin árbitro? ¿Se imaginan lo que sería el fútbol sin reglamento? Esta lección debe extenderse a todos los ámbitos de la vida. En todas partes, hay abusones, matones, trileros, ladrones y gentes violentas que sin árbitros, los policías y los jueces, se apropiarían de lo ajeno y convertirían la sociedad en una selva inhabitable.
En política, también. Por suerte. Y en los países que no existe ese arbitraje, así les va. A ellos y a sus vecinos. En Venezuela, Rusia, Nicaragua, Cuba, y otros lugares demasiado numerosos en el Mundo, sus gobernantes lo hacen sin freno, sin reglamento, sin árbitro y sin Libertad ni Democracia para sus ciudadanos.
El parlamento, congreso, cortes, asamblea o como quieran llamarse los órganos elegidos por los ciudadanos para representarlos, no puede decidir lo que le venga en gana a la mayoría que en él gobierna. Debe atenerse al reglamento, es decir, la constitución o norma suprema de la convivencia de ese país donde se establecen los límites de la mayoría y se garantizan los derechos de las minorías. Porque las mayorías y las minorías son cambiantes y efímeras de una elección a otra.
Que en España debe ser así, nadie debería discutirlo. Pongamos unos ejemplos. ¿Puede el Congreso de los diputados votar una medida discriminatoria contra los gitanos? Evidentemente, no. ¿Y contra las mujeres? Claro que no. Afinemos un poco más. ¿Puede aprobarse por mayoría absoluta la supresión al derecho de la propiedad privada? Aunque a algunos les gustaría, tampoco. Entremos en territorios más movedizos y pantanosos ¿Puede el gobierno de una Comunidad Autónoma exigir a todos los ciudadanos españoles que en ella viven o transitan a que hablen sólo en una lengua determinada distinta del Español, como el Francés, Inglés, Catalán o Vasco? Ay! Ay! Puede que aquí no haya unanimidad. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo decidimos por mayoría? Pero, ¿dónde? ¿En el Parlament de Catalunya o en el Congreso de los Diputados? Si los jugadores pudieran decidir si es penalti o no ¿habría acuerdo? ¿Se acabaría en paz y armonía algún partido? Está claro que necesitamos un reglamento que a todos obligue y un árbitro.
Puede que aún haya quien no quiera reconocer que en nuestro sistema democrático deba haber un “reglamento” y un “árbitro” para cuidar los límites del poder legislativo de la mayoría y del poder ejecutivo del Gobierno. A esos, les haré la última pregunta, ¿Creen que aún seríamos un país democrático si el Congreso de los Diputados aprobara una ley por la que se suprimen las elecciones para siempre jamás?¿ O una ley por la que se impide a los opositores concurrir a las elecciones? Si aún tienen dudas en su respuesta, no sigan leyendo estas letras pues no les servirán de nada. Si la respuesta es que hasta ahí no tienen derecho, comprenderán por qué escribo esto.
Tener mayoría en en Congreso, esa mayoría que permite elegir Presidente del Gobierno y aprobar leyes, no te da derecho a todo. La ”lista” de lo que puedes o no puedes hacer está en la Constitución. Hoy la Constitución de España, el “reglamento de juego” de España, vigente es la Constitución de 1978. Y se llama así porque en España ya ha habido otras constituciones. La primera de ellas fue la de las Cortes de Cádiz en 1812. Los que denostan el régimen constitucional, no pueden ser tan ignorantes y sí deben ser gentes malintencionadas que piensan que el conjunto de los españoles sí que somos unos ignorantes.
Pero una Constitución, reglamento para seguir con la semejanza al fútbol, no basta. Debe haber un árbitro. Horas, días, incluso años después de un partido, los aficionados aún discuten si aquello fue falta o no; o si era penalti o no. Pero hay árbitro. Y cuando se equivoca, en el siguiente partido, hay árbitro. Y si es blanco o negro, calvo o peludo, o lo que sea, al árbitro se le obedece o se acaba el fútbol.
El árbitro de nuestro sistema democrático es el Tribunal Constitucional. Y, ¿qué hace? ¿Cómo ejerce su arbitraje? Pues decide si lo que decreta el Gobierno de España o de cualquier Comunidad autónoma está permitido por la Constitución. Es decir, es falta o no. Y no sólo los gobiernos, las mayorías de nuestros parlamentos nacionales o autonómicos, los jueces en en ejercicio de sus funciones, o cualquier organismo que pueda tomar decisiones que obliguen a los ciudadanos españoles. Hay que respetar al Tribunal Constitucional porque sin él nuestro sistema democrático dejaría de existir. Podemos disentir, discutir, pensar que es un “vendido”, que es torpe, que siempre beneficia al Madrid, como dice por cierto el diputado Rufián; pero es el árbitro y hay que acatar su decisión.
El funcionamiento del Tribunal Constitucional está previsto en la Constitución, la forma de elegir sus miembros, la duración de sus funciones, etc., está en nuestra Carta Magna. La situación de bloqueo en la renovación de sus miembros, y la penosa circunstancia de que los elegidos por los partidos de izquierdas tienden a votar a favor de las izquierdas y los de derechas al revés, nos indica que son necesarias reformas que ayuden a corregir estos defectos en un órgano tan importante de nuestro sistema político. Pero esas reformas requieren según la Constitución de un acuerdo que acepten un mayor número de diputados que la simple mayoría. Las leyes que se han pretendido reformar en esta resolución anulada por el TC, exigen un acuerdo de al menos 210 diputados. El intento de la mayoría de colar de tapadillo la reforma es debido a que a la mayoría que hoy gobierna España esa cifra de votos les parece inalcanzable. Pero no lo es. Si PP y PSOE se pusieran de acuerdo las reformas sería posibles, incluso las constitucionales que ya van siendo necesarias también. En Estados Unidos, el país que debe servirnos de referencia pues tiene el sistema democrático más longevo de planeta, ya llevan varias docenas de enmiendas constitucionales. Y eso, que además de aprobarlas en las cámaras nacionales, deben ser aprobadas por todos y cada uno de los congresos de los estados asociados para que entren en vigor. Ellos, también han encontrado en su larga experiencia, la forma de hacer imparciales a los árbitros: los miembros del Tribunal Supremo son elegidos con cargos vitalicios. Cuando hay una vacante al candidato lo elige el Presidente y lo ratifican las cámaras, probablemente influidas en su decisión por la mayoría, pero una vez nombrados quedan liberados de cualquier servidumbre respondiendo sólo ante su conciencia. Creer que existen personas honradas y expertas jurídicamente que harán lo correcto en esos cargos tan esenciales es una cualidad de la buena gente. La gente que me gustaría tener como conciudadanos.
Ser incapaz de llegar a un acuerdo con los que no piensan como tú, te descalifica como político demócrata. El No es No y sólo No, es terrible en la oposición y muy peligroso para los ciudadanos si el que lo practica, está en el gobierno.
Una última reflexión, pienso que sólo los que quieren hacer trampas exigen que no haya árbitros.