Las empresas valencianas Áridos Romafe y Canteras y Áridos Llauri, han presentado una querella criminal contra el alcalde del municipio de Corbera,Jordi Xavier Vicedo y la secretaria municipal del Ayuntamiento de Corbera, Soledad C. Martínez, por presunto delito de fraudes y exacciones ilegales. La querella ha sido presentada en el Juzgado de instrucción de Sueca.
Áridos Romafe, S.L. es la empresa titular de los derechos mineros y la que obtuvo las licencias municipales para la explotación minera. Canteras y Áridos Llauri, S.L. es la empresa arrendataria de aquellos derechos mineros y la que realmente realiza la actividad extractiva. Los hechos que motivan dicha querella son, la exigencia del alcalde (y el cobro por parte de la secretaria) a ambas empresas, de cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, materiales y horas de maquinaria, a cambio de que se le prorrogase la licencia municipal a la explotación minera.
La cantera de la empresa, denominada Girtal, se explota desde 1986, con la preceptiva autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. Con fecha 29 de julio de 2004, el Ayuntamiento de Corbera concedió licencia de obras inicial, por ocho años, a la explotación minera. Por resolución de Alcaldía el 13 de octubre de 2014 se concede nueva licencia de obras a Áridos Romafe por parte del denunciado, el alcalde del Ayuntamiento de Corbera, hasta abril del año 2015, para proseguir con los trabajos de restauración, ante la imposibilidad de concluir dichos trabajos en el plazo proyectado, dada la conocida situación de crisis económica, que desde el año 2007 venía sufriendo España.
Con fecha 5 de noviembre de 2015, y por los mismos motivos de contexto económico que concurrían en años anteriores, se dicta nueva Resolución por parte del denunciado, concediendo nueva licencia de obra a Áridos Romafe para continuar con los trabajos de la cantera Girtal, hasta septiembre de 2017.
Las prestaciones realizadas por la empresa a favor del Ayuntamiento de Corbera desde 2015 a 2017 ascienden a más de 250.000 euros, entre dinero en efectivo, materiales y horas de maquinaria. Una vez que no hubo acuerdo sobre las cantidades que pedía el ayuntamiento, para una nueva prórroga de la licencia, por el alcalde se dictó orden de paralización y precinto de la actividad minera. Esa iniciativa supone la destrucción de más de veinte puestos de trabajo.
Ambas empresas han enviado la querella a diversas asociaciones empresariales, como es el caso de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana, y ya están analizando el documento para estudiar si actúan en la misma línea.
