El exsubdelegado del Gobierno en la provincia de València, Rafael Rubio, investigado en el caso Azud, ha salido este martes de prisión, tras la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de la capital del Túria.
En la segunda fase de este caso, iniciado hace cuatro años pero no salió a la luz pública hasta 2019 con la detención de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, han sido detenidas un total de 14 personas, entre ellas el ex vicealcalde de València Alfonso Grau; el exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera; el constructor Jaime Febrer; y los empresarios Mónica Montoro y Joaquín Pastor. No fue detenido, pero sí quedó imputado, el exalcalde de Gilet, José María Cataluña.
Montoro y Pastor quedaron en libertad hace dos semanas al entender la jueza que ya no existía riesgo de destrucción de pruebas y el abogado de Rubio pidió entonces también la libertad para su representado. El Juzgado, tras estudiar la petición, ha acordado concedérsela con las oportunas medidas cautelares, eso sí, de serle retirado el pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia semanal en sede judicial.
Esta causa, en la que se ha decretado secreto de sumario, investiga el cobro de comisiones irregulares en el periodo comprendido entre 2004 y 2011. Grau y Rubio, concretamente, están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.
En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000, y ambos comparten imputación en otros procedimientos judiciales como el caso Imelsa, en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Diputació de València, Imelsa y Ciegsa.
En lo que al caso Azud se refiere, en la trama tuvo un papel destacado el exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, que actuó como intermediario entre ambos políticos y Jaime Febrer quien, por cierto, ha salido de prisión pero sólo para presentarse a un juicio por fraude que se celebraba hoy.
