EFE.- El exconseller valenciano del PP Serafín Castellano ha aceptado este martes en el juicio una pena de dos años y siete meses de prisión al reconocer su participación en procesos irregulares de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.
En el juicio al conocido como ‘cártel del fuego’ han llegado a acuerdos de conformidad con el fiscal doce de los dieciséis acusados, entre ellos Serafín Castellano, que ocupó las consellerías de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014, fue delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PP valenciano, y para quien el fiscal pedía inicialmente 21 años de prisión.
El fiscal ha adelantado que dada la pena que se le impondrá finalmente a Castellano no se opone a que se suspenda su ingreso en prisión.
Entre los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción se encuentra también el empresario Vicente Huerta, que ha aceptado tres años y cinco meses de cárcel al reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena que solicitaba el fiscal, que era de 25 años de prisión.
La abogada del Estado y los letrados de las acusaciones ejercidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña no se han opuesto a los acuerdos de conformidad.
En virtud de los mismos el exjefe de la Unidad de Medios Aéreos de la Generalitat de Cataluña Ramón D.B. acepta una pena de un año y once meses de cárcel frente a los seis años que solicitaba el fiscal.
Igualmente, Francesc Xavier P.C., exencargado del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Subdirección General de Gestión Económica y Contratación del Departamento de Interior de la Generalitat catalana, ha aceptado un año y dos meses de prisión, frente a los cinco años que reclamaba la Fiscalía.
El resto de acusados que han pactado con el fiscal son empresarios, que han aceptado penas de alrededor de un año y medio de cárcel.
El fiscal ha explicado que para fijar las penas referidas ha aplicado las circunstancias atenuantes de confesión «tardía» y dilaciones indebidas en el procedimiento.
Además ha recordado que Serafín Castellano y Vicente Huerta ya han depositado de forma conjunta 904.000 euros para indemnizar a las administraciones perjudicadas, así como que el segundo ha pagado casi un millón más por el mismo concepto, y que el resto de acusados que han pactado han consignado 234.000.
El juicio seguirá respecto a los cuatro acusados que no han pactado con la Fiscalía, entre ellos Manuel B.S., exresponsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat catalana, para quien el fiscal pide dos años de inhabilitación.
Asimismo, Vicente B.C., excoordinador del Servicio contra Incendios de la Generalitat Valenciana, que se enfrenta a una petición de once años de inhabilitación, y el empresario Rubén Mariano G.P., para quien la Fiscalía solicita cinco años y seis meses de prisión.
También se sienta en el banquillo el empresario Francisco Antonio A.E., cuyo abogado ha pedido que se le aplique la excusa absolutoria prevista para colaboradores con la justicia ya que este caso es fruto de una denuncia suya gracias a la cual fue desarticulado este cártel.
Los doce acusados que han pactado con la Fiscalía han confesado los hechos relatados por el fiscal en su escrito de acusación, en el que se desgrana el modo de actuar de una «asociación de personas y empresas» dedicadas a la navegación aérea y especialmente a la extinción de incendios forestales entre 1999 y 2008.
Añade que «con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia».
Y acusados integrados en dichas empresas «se concertaron con varios funcionarios y autoridades con la finalidad de defraudar a las administraciones públicas y lucrarse a costa de estas».
La Fiscalía señala que Castellano era premiado «en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes», dinero en metálico y hasta baúles con jamones y mantenía una «intensa y corrupta relación» con Huerta.
