La ley determina que, hasta que no se produzca la liquidación final de Aligestión y queden saldadas todas sus deudas, no se podrá llevar a cabo la subasta de acciones deportivas
El IVF se ha visto obligado a retrasar la subasta del Hércules CF hasta la liquidación definitiva de Aligestión, empresa fiadora de la Fundación del Hércules CF en la deuda que mantiene con el IVF.
La ley establece que en el concurso de acreedores deben pagarse primero los créditos contra la masa. Sobre Aligestión, firma que está en liquidación, pesa un crédito contra la masa a favor Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, quienes están discutiendo la cuantía del mismo, motivo que explica la imposibilidad de convocar ya la subasta.
De este modo, hasta que no quede determinado el importe de este crédito contra la masa y se atienda y se pague, el IVF, como acreedor ordinario, no puede determinar la cuantía exacta del crédito a subastar de la Fundación Hércules Club.
El Consejo General del IVF aprobó el 10 de julio la subasta de las acciones del Hércules Club de Fútbol, proceso con el que se da salida a un paquete accionarial compuesto por el derecho del crédito que tiene el IVF frente a la Fundación del Hércules (en virtud del cual están embargadas las acciones del club propiedad de la fundación) y por las acciones del Hércules que se adjudicó el Instituto Valenciano de Finanzas tras la subasta concursal de los bienes y derechos de Aligestión Integral.
El derecho del crédito que tiene el IVF frente a la Fundación representa el 72,71% del capital social de la entidad deportiva, mientras que las acciones adquiridas por el Instituto Valenciano de Finanzas tras ser subastados los bienes de Aligestión, representan otro 15,07% de los títulos del club.
Esta subasta va encaminada a recuperar los fondos que el IVF inyectó en el Hércules CF en forma de aval, al que el organismo público valenciano tuvo que hacer frente ante los impagos del club frente la entidad acreedora.
El Instituto Valenciano de Finanzas ha actuado en todo momento velando por los intereses de la Comunitat Valenciana y de los alicantinos con sujeción estricta a la legalidad, con el fin de dotar de plenas garantías jurídicas al proceso para garantizar la seguridad de las decisiones, algo que redundará en beneficio de los ciudadanos y de la entidad deportiva y los aficionados.
