La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras seis en La Marina Alta, en el marco de las pesquisas para esclarecer diversos delitos contra el patrimonio relacionados con la sustracción de grandes cantidades de cobre y material metálico.
El Equipo ROCA de la Compañía de Calp ha llevado a cabo las actuaciones entre junio y diciembre del año pasado, en el contexto de dos operaciones policiales iniciadas tras detectarse cortes y daños en infraestructuras de telecomunicaciones en distintas localidades de la comarca alicantina de la Marina Alta.
En concreto, la operación ‘Cobrilo’ se inició tras una inspección ocular realizada en la localidad de L’Atzúbia, donde se localizaron daños en vallados de parcelas privadas y un acopio de aproximadamente 400 kilos de cableado de cobre, ya cortado en tramos y preparado para su traslado, según detalla el instituto armado en un comunicado.
Las vigilancias establecidas permitieron identificar a los presuntos autores de estos hechos, así como los vehículos supuestamente utilizados para cometerlos, entre los que había una furgoneta de alquiler y un turismo que actuaba como lanzadera con la finalidad de detectar posibles controles policiales durante la huida.
Las investigaciones confirmaron que los acusados de estar implicados se desplazaban desde la provincia de Valencia y que habrían sustraído cerca de mil metros de tendido telefónico aéreo, ocasionando «importantes daños» en propiedades privadas.
Como resultado del operativo, en diciembre fueron detenidos tres hombres de entre 25 y 38 años en Sueca y València y todos ellos contaban con antecedentes por hechos similares. Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.
Centro de recuperación de metales
De forma paralela, la operación ‘Phone25’ tuvo su origen en una inspección administrativa realizada en un centro de recuperación de metales de Dénia, donde se intervinieron 2.500 kilos de cableado de cobre de telefonía.
Las pesquisas permitieron determinar que el material procedía de sustracciones cometidas en Benissa y L’Alfàs del Pi y que los responsables pertenecían a una empresa de instalaciones de telecomunicaciones, cuyos trabajadores acudían a realizar instalaciones de fibra óptica y presuntamente aprovechaban dichas intervenciones para sustraer las antiguas líneas de telefonía.
Como resultado de esta investigación, han sido investigados cinco trabajadores como supuestos autores de las sustracciones, así como el gerente del centro de reciclaje, al que se le imputan delitos de receptación y falsedad documental, por al parecer haber falseado los datos personales de los vendedores con el fin de no levantar sospechas ante posibles inspecciones, según la Benemérita.
La Guardia Civil destaca que estas actuaciones han permitido «neutralizar una actividad delictiva que afectaba gravemente a infraestructuras críticas de comunicaciones» y reafirma su «compromiso en la lucha contra los delitos que perjudican al medio rural y a los servicios esenciales».
Asimismo, subraya que, «más allá del perjuicio económico, este tipo de delitos genera una situación de especial vulnerabilidad en las pequeñas poblaciones, que pueden quedar temporalmente sin comunicación telefónica fija».
