El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido la aplicación del acuerdo de la Generalitat Valenciana por el que se obligaba a la Diputación de Alicante a aportar en 2023 más de 13 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal.
De esta manera, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV da la razón a la institución provincial, que en su recurso contra este acuerdo solicitó la suspensión cautelar al considerar que esta norma vulnera la Constitución y la autonomía de las diputaciones.
"En la Diputación de Alicante teníamos claro desde el principio que la vía de la imposición del Consell atentaba claramente contra la Constitución y contra el Estatuto de Autonomía", ha explicado el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, quien ha destacado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana avala las tesis que viene defendiendo desde el principio la institución provincial.
Dolón ha señalado que la decisión del TSJCV es una "clara llamada de atención al Consell de Ximo Puig". "La suspensión cautelar supone un respaldo judicial a la autonomía de las diputaciones frente a los intentos de control del tripartito de la Generalitat", ha añadido Dolón, quien ha recordado que este no es el único revés judicial que ha tenido el Gobierno del tripartito en estos últimos años "fruto de una forma de hacer política partidista, que da la espalda al diálogo y a la búsqueda de acuerdos y que en muchos casos está alejada del interés general".
En este sentido, el diputado de Presidencia ha valorado que el TSJCV haya entendido que procede la suspensión cautelar "a fin de evitar perjuicios de difícil reparación" a la Diputación de Alicante ante la posibilidad de que finalmente se estime el recurso contencioso administrativo presentado contra el acuerdo del Consell.
Tras la decisión del Tribunal, la Diputación de Alicante no tendrá que consignar en sus presupuestos de 2023 más de 13 millones de euros. Según el auto del TSJCV los municipios de la provincia se verían "perjudicados" por esta exigencia "por no recibir ese cambio de destino de tales recursos, dañando las competencias y funciones genuinas de la Diputación de soporte a las necesidades financieras de los municipios de la provincia, en particular, para los de menores recursos económicos e impidiéndole el ejercicio de sus deberes de auxilio económico".
Es más, el Tribunal señala que si no se adoptase la medida cautelar se estaría impidiendo que los Ayuntamientos reciban la financiación prevista y necesaria para sufragar los servicios de asistencia a sus ciudadanos.
Tras conocer el auto, Eduardo Dolón ha vuelto a poner de manifiesto que los sistemas de reparto de la Diputación de Alicante benefician más a los municipios de menor población, frente al Fondo de Cooperación del Consell.
"Las pequeñas poblaciones son una prioridad para la Diputación", ha defendido el diputado, quien ha recordado que la institución provincial ha destinado este año 36 millones de euros en el Plan Más Cerca para inversiones y gastos corrientes de los ayuntamientos y que hay comprometidos 40 millones para 2023.
"Frente a las imposiciones del tripartito de Ximo Puig, la Diputación de Alicante sigue tendiendo la mano al diálogo", ha apuntado Dolón, quien ha reclamado, en este sentido, al presidente de la Generalitat que "rectifique su forma de hacer política y apueste por el acuerdo".
