Las organizaciones ambientales firmantes, preocupadas por la masiva muerte de aves electrocutadas en líneas eléctricas de todo el Estado español, han enviado una serie de consideraciones a las compañías eléctricas Iberdrola, Naturgy, Endesa, Viesgo y EDP, así como a las dos asociaciones que integran cerca de 300 empresas de distribución eléctrica más pequeñas: CIDE y ASEME. La razón de los escritos es incidir recordándoles el biocidio de avifauna que provocan los tendidos eléctricos y pedirles que adapten sus normas y manuales técnicos internos, para implantar soluciones eficaces que protejan a las aves.
Son Acció Ecologista Agró, Adensva (No más aves electrocutadas), SVO (Societat Valenciana d’Ornitologia), Sociedad Albacetense de Ornitologia, Ecologistes en Acció Vila-real, Ecologistas en Acción Albacete, GER-EA (Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció) y AHSA (Amigos de los Humedales del Sur de Alicante).
Ante la injustificable actitud de la práctica totalidad de las Administraciones Públicas competentes, que no están obligando al cumplimiento de la legislación para la prevención de los daños ambientales, las ONG’s exigen a las compañías eléctricas a que lo hagan por propia iniciativa, cumpliendo al menos con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental y adoptar de verdad un compromiso social, ético y medioambiental.
Nadie puede entender que hoy en día se pueda seguir permitiendo por acción u omisión esta permanente sangría para la biodiversidad que representan las muertes de miles de aves electrocutadas, ni tampoco pensamos que estas empresas pretendan difundir la imagen de ser los mayores homicidas de aves protegidas.
De hecho, algunas comunidades llevan años imponiendo sanciones ejemplares ante el incumplimiento de la legislación por causar la muerte por electrocución de aves amenazadas. Iberdrola ya fue sancionada con más de 1.400.000 euros en abril de 2019 por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha contemplando las resoluciones el deber de la compañía de instalar las Mejores Tecnologías Disponibles, para ser realmente eficaces en la prevención de las electrocuciones, en aplicación del principio de quien contamina paga y repara.
La protección legal de las aves no solo está contemplada a través de la vía administrativa, también puede venir de la mano del Código Penal (art 326 bis y 334). En este sentido, ya se han abierto las primeras Diligencias de Investigación Penal en Cádiz, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Toledo, Tarragona, Canarias y Albacete, entre otras provincias.
La Fiscalía General de Medioambiente y Urbanismo instó en julio de 2019 a todas las Comunidades Autónomas a que exijan aplicar la normativa medioambiental tomando el ejemplo de las sanciones impuestas en Albacete. Este documento incluye algunas observaciones acerca de las innumerables deficiencias detectadas por la Fiscalía en la actuación de la mayoría de administraciones públicas autonómicas. E incluso intentos de justificación para eludir la aplicación de la legislación mediante los presuntos convenios existentes con algunas compañías eléctricas. O la consideración de que las muertes por electrocución son hechos accidentales o fortuitos y por lo tanto inevitables, por lo que no procede la exigencia de responsabilidad.
Por todo ello, la Fiscalía lanzaba un aviso a las diferentes Administraciones acerca de que determinadas actitudes y comportamientos podrían ser constitutivos de delito, precisamente por omisión del deber de perseguir delitos. Este documento de la Fiscalía, puede consultarse aquí.
Las ONG´s les piden a las compañías eléctricas que simplifiquen el maremágnum de soluciones técnicas y que adecúen sus manuales a la realidad tecnológica y ambiental en lugar de aferrarse a Reglamentos antiquísimos, algunos de hace más de 60 años. En este sentido, instan a que se empleen las mejores tecnologías disponibles, tal y como establece la ley de Responsabilidad Medioambiental, como por ejemplo el uso de materiales poliméricos siliconados, mucho más modernos y eficaces.
elementos aislantes, lo que le confiere una gran seguridad para las aves.
Además, se les insta a que los trazados de las nuevas líneas de transporte y distribución de energía se diseñen y ubiquen de manera que se minimicen los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna. De esta manera, además, se les pide un cambio de actitud, tal y como se contempla en la llamada Declaración de Albacete, a la que las ONG´s ambientales se suscriben.
Así mismo les proponen que afronten resolver esta tragedia en un plazo máximo de 3 años, periodo este de tiempo en el que cada línea eléctrica ha de pasar una revisión obligatoria, y en donde se han de hacer constar todas las deficiencias observadas incluidos los riesgos potenciales que puedan existir para las aves. «No comprendemos -señalan las ONGs firmantes- cómo los propios Ingenieros de las compañías pueden estar certificando ‘sin incidencias’ ambientales, o que la Administración competente en Industria admita esas certificaciones a pesar de que incumplen las normas y siguen matando aves. O como esa misma administración ha podido legalizar numerosas líneas eléctricas que incumplían la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1432/2008, al no haber instalado previamente las obligadas medidas de corrección.
«Estamos convencidos de que más pronto que tarde este gran problema será resuelto, no hay otro camino. Los intereses eléctricos deben ser compatibles con el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible y la evitación de pérdida neta de biodiversidad», concluye.
