La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha mantenido esta mañana una reunión con representantes del Colegio de Registradores de España donde han acordado trabajar conjuntamente en la elaboración de un convenio de colaboración en materia de desahucios. Según ha explicado la propia consellera, el objetivo fundamental de este texto es tener información sobre el número de desahucios en la Comunitat, y también por municipios, para poder aplicar medidas con mayor contundencia.
De esta manera, Salvador ha señalado que trabajarán de forma coordinada para que la información sea lo más detallada posible en las ejecuciones hipotecarias que se inician en primera vivienda y, así, «podremos saber dónde es más necesario aplicar medidas de choque». El drama de los desahucios, según ha indicado, «no es un problema entre un particular y un banco, es un problema público y como tal requiere de la intervención de la Administración con medidas urgentes para evitarlos».
Además, durante el encuentro, donde han estado presentes el secretario autonómico Josep Vicent Boira y el director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeración Urbana, Alberto Sanchis, también se ha abordado la incorporación del Colegio de Registradores a la Mesa de Prevención de los desahucios en la que participan la PAH, los Colegios de Abogados, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y también la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana (CAVECOVA).
En este sentido, desde la conselleria se coordinará un protocolo de actuaciones antidesahucios con los ayuntamientos en coordinación con la Generalitat. Asimismo, también se han abordado los dos convenios que existen en la actualidad entre la conselleria y el colegio de registradores, ya que, la voluntad es «revisarlos para adaptarlos a las nuevas necesidades».
Hay que recordar que desde el primer trimestre de 2008 hasta el primer trimestre de 2015, en la Comunitat Valenciana se han efectuado 82.300 desahucios. Por ello, entre las medidas que va a tomar el nuevo gobierno, la conselleria ya anunció que «no se efectuará ningún desahucio en ninguna vivienda del parque público de la Generalitat de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y situación de insolvencia sobrevenida».
Además, según ha indicado Mª José Salvador, «se está trabajando para movilizar el stock de viviendas vacías de los bancos y ya se ha iniciado una ronda de contactos con las entidades financieras para conocer su disponibilidad para poner estas viviendas en alquiler social». De hecho, desde la conselleria apuestan por el diálogo y la cooperación pero no se descarta contemplar alguna medida sancionadora en la futura Ley de la Función Social de la Vivienda para aquellas entidades bancarias que se nieguen a colaborar. Todas estas medidas se complementarán con un registro de viviendas vacías de los bancos.
