Los equipos negociadores de PP y VOX han emitido este jueves un comunicado conjunto en el que han explicado los términos en los que se vertebra el pacto de gobierno de la Generalitat Valenciana para la legislatura que ahora comienza, tras los resultados del pasado 28 de mayo, en los que el PP alcanzó el 35,37% de los votos y 40 diputados, y VOX, se hizo con el 12,41% de los votos y 13 diputados, sumando ambas formaciones la mayoría suficiente de 50 diputados necesaria para la investidura del futuro presidente de la Generalitat Valenciana.
El acuerdo alcanzado pivota, según el comunicado, sobre 5 puntos clave que garantizarán «un gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos» que permitirán «preservar la libertad, el desarrollo económico, la protección de la sanidad pública y los servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias«.
En virtud de este acuerdo, ambas formaciones se comprometen a apoyar en primera votación la candidatura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, renunciando VOX a presentar su propia candidatura. Una vez esto se haya consumado, «se procederá a confeccionar un gobierno en el que se nombrarán, a propuesta de VOX, a los titulares de una Vicepresidencia primera con las competencias de la Conselleria de Cultura, encabezada por Vicente Barrera Simó, de la Conselleria de Agricultura y de la Conselleria de Justicia, Interior y Gobernación.
Entre las medidas contempladas en el pacto de gobierno, desarrolladas en los 5 capítulos o puntos clave antes reseñados, destacan la derogación de las líneas de acción en lo que a memoria histórica se refiere, cuando afirma que «se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos», y se eliminarán las ayudas a entidades que promuevan los ‘països catalans‘.
También sitúa el acuerdo en este primer capítulo denominado «libertad» la exigencia al gobierno de España un nuevo modelo de financiación autonómica más justo para la Comunidad Valenciana.
En el capítulo dedicado al desarrollo económico, destaca la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, así como el impuesto de patrimonio y la tasa turística. También se habla de la «reducción drástica del IRPF en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos», así como de las tasas autonómicas «que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial en la Comunitat Valenciana».
En el área dedicada al mundo rural, el acuerdo entre PP y VOX recoge el punto programático estrella de Carlos Mazón, la defensa del trasvase Tajo-Segura: «En este sentido exigiremos la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial», destaca el comunicado. También habla en este punto de políticas contra el despoblamiento del entorno rural de la Comunitat Valenciana.
Otro punto programático importante que se ve reflejado en el acuerdo es el de instar al Gobierno de España a que defienda los intereses de los agricultores de la Comunitat frente a lo que califican como «competencia desleal de terceros países» en clara referencia a los acuerdos de la UE con Mercosur o Sudáfrica.
La reducción del gasto público es otro de los puntos cruciales del acuerdo, que especifica como prioritaria la reducción del número de consellerias, así como de altos cargos y asesores y la eliminación de «los organismos innecesarios que no reportan en el bien general».
Aunque el punto más relevante del apartado dedicado al gasto público es el que menciona a la radiotelevisión pública, y es sintomático que este punto aparezca aquí y no en el dedicado a la cultura. El acuerdo habla de apostar por «un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales».
En lo que a educación y cultura se refiere, el acuerdo PP-VOX habla de garantizar «la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas» y propone reforzar la inspección educativa para «preservar la calidad de la enseñanza sacando
la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos». El capítulo dedicado a la Educación concluye con un mantra defendido por ambos partidos en repetidas ocasiones: «Garantizaremos la educación libre, gratuita y universal desde los 0 años».
En el apartado dedicado a Sanidad, el acuerdo promete aumentar el presupuesto sanitario «al 30% del total con especial mención a la atención primaria». También aparece una mención específica a uno de los puntos que Mazón sacó en campaña y que provocó uno de los momentos tensos del debate televisado por À Punt: La recuperación de los CICUS de Castellón y Alicante para asegurar su presencia en las tres provincias. Por último, se habla de potenciar la salud mental, con especial atención sobre la prevención del suicidio y de la soledad no deseada.
En el apartado dedicado a las familias, PP y VOX despliegan uno de sus temas estrella al prometer la aprobación de una «ley integral de protección a la familia» con medidas para el «fomento de la natalidad», «ayudas al nacimiento», y a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, el acompañamiento de nuestros mayores, el apoyo a personas dependientes y sus familiares con especial atención a las familias numerosas.
Aunque no aparece explícitamente, también las políticas sobre violencia de género se ven afectadas, en uno de los temas sensibles del argumentario político de VOX, cuando habla de «violencia intrafamiliar», destacando la que sufren «mujeres y niños», garantizando «la igualdad entre todas las víctimas».
En el área dedicada a las infraestructuras, el acuerdo atrapa la asignatura pendiente de las líneas de cercanías y media distancia, al prometer la ejecución de las «inversiones pendientes para garantizar la conectividad, especialmente por vía ferroviaria, tanto de bienes como de personas entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana». Por otro lado, promete el desarrollo del Corredor Mediterráneo, crucial para atraer inversión a la Comunidad Valenciana.
En el área dedicad a la seguridad, el acuerdo se ocupa de una mayor protección de los propietarios de viviendas frente a la okupación, cuando habla de la defensa del derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado. En este sentido, anuncia la creación de una oficina de atención y asesoramiento a las víctimas de la ocupación ilegal.
También se habla de combatir la inmigración ilegal, para lo cual se apoyará en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con especial atención a la lucha contra las mafias organizadas, y de eliminar»las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas».
