La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular de les Corts, Elena Bastidas, ha asegurado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) «se ha convertido, de manera involuntaria, en la cuarta pata del Consell y la única capaz de poner orden a los desmanes que caracterizan la gestión de Ximo Puig y Mónica Oltra«.
Elena Bastidas se ha referido así a las últimas sentencias emitidas por el TSJCV que tumban la adjudicación por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de tres residencias públicas de la tercera edad a una empresa que, según los autos, no garantizaban que los ancianos recibieran la atención adecuada al incurrir en bajas temerarias.
«Es el penúltimo caso en el que los tribunales tienen que intervenir para salvaguardar los intereses de los valencianos ante una gestión desastrosa que se ceba con los más necesitados», ha señalado Elena Bastidas.
Bastidas ha subrayado que «el paso de Mónica Oltra por la conselleria de Igualdad va a ser recordado por las concentraciones de los colectivos más vulnerables ante el Palau de la Generalitat exigiendo que alguien se preocupe por ellos y garantice sus derechos. Y Ximo Puig es corresponsable por mantenerla en ese cargo en base al mercadeo de sillones en el que se ha convertido el Botànic».
«Porque la política social no se hace desde los platós de televisión o usurpando el Ayuntamiento para tener su cuota de protagonismo frente a Puig, se hace trabajando, gestionando, preocupándose por la situación de los impagos a los centros de menores, atendiendo a los discapacitados, a las familias afectadas por el caos de la dependencia…Y eso mismo, trabajo, gestión y sensibilidad es lo que le falta a Oltra», ha añadido.
La portavoz popular ha recordado también las más de 40 sentencias del TSJCV que enmiendan las políticas del Consell en áreas como la sanidad o la educación. «Han pretendido imponer criterios puramente ideológicos y los tribunales reiteradamente se los han tumbado, porque no se puede legislar contra la libertad y a base de imposiciones».
Bastidas ha lamentado que al final «los perjudicados son los ciudadanos por las decisiones erráticas del Consell. Ayer supimos que la voluntad de la consellera de Sanidad era suprimir las ambulancias SAMU en las zonas rurales discriminando a la población de las comarcas de interior. Hoy, tras las protestas de los sindicatos y del propio Partido Popular, rectifica y dice que no se retirarán».
«Estamos ante un gobierno sin criterio, sin rumbo y que no es de fiar porque gestiona a base de ocurrencias y con una absoluta desgana. Lo que hoy es blanco mañana es negro y viceversa, y eso genera una gran inseguridad y desconfianza hacia la administración y los servicios que ésta debe prestar a la ciudadanía», ha finalizado.
