La Diputació de València ha conseguido rebajar de manera significativa el periodo medio de pago a proveedores en lo que llevamos de 2020, pasando de los 40 días del mes de enero a los 15 días de mayo, muy por debajo de los 60 días que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La institución mantiene, por lo tanto, la evolución positiva de este dato iniciada a principios de 2019. Desde que en el mes de enero de ese año el periodo medio de pago se situara en 70 días, se ha experimentado una reducción progresiva mes a mes, con ligeros altibajos entre medias, hasta llegar a la actual situación de estabilidad.
El responsable del Área de Hacienda, Vicent Mascarell, ha valorado positivamente estas cifras, “ya que no sólo estamos trasfiriendo importantes recursos económicos a los ayuntamientos a través de las subvenciones y el fondo de cooperación municipal, sino que nuestro periodo medio de pago es uno de los más bajos de la historia”. Además, ha recalcado la relevancia que tiene para los empresarios, “contribuyendo a que pequeñas y medianas empresas que facturan a la Diputació cobren lo antes posible”.
La mejora en el sistema organizativo para la fiscalización, completamente informatizado, ha permitido un notable incremento de la agilización de todos los procesos de elaboración de las facturas. Tanto es así, que durante el periodo en el que el departamento ha tenido que aplicar el teletrabajo a causa de la pandemia, el funcionamiento no se ha visto afectado en absoluto, lo cual ha hecho posible seguir rebajando el periodo medio de pago.
Divalterra
Este descenso en el periodo medio de pago a proveedores también se refleja en las cifras parciales de las empresas públicas de la corporación. Es necesario destacar el caso de Divalterra, que pasa de los 470 días de enero a los 15 días de mayo. Esta drástica rebaja se explica por el desbloqueo de dos facturas que Divalterra tenía pendientes de pago a la Fundación Cical, organismo sometido a una investigación judicial ajena a la Diputació.
El cálculo del período medio de pago a proveedores es una obligación de la corporación que queda recogida en el Real Decreto 635/2014, que establece que esta información debe ser remitida, antes del día 30 del mes siguiente, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
