Los integrantes de la Comisión Provincial del Agua han respaldado hoy por unanimidad el informe técnico elaborado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) en el que se alerta de que el incremento de los caudales ecológicos del Tajo tendrá graves efectos sobre la viabilidad del trasvase, reduciendo los volúmenes trasvasables de los 340 hectómetros cúbicos (hm3) anuales de media con las reglas de explotación vigentes a 271 hm3, es decir, un 20% menos.
Además, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien ha agradecido «la unión de todos» ante esta problemática, ha anunciado que solicitará en nombre de este órgano una entrevista con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para exponerle la posición de la provincia de Alicante y los detalles de este estudio, que será base de las alegaciones que se presentarán, desde distintos ámbitos, contra el Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha recordado que el plazo para la presentación de alegaciones concluye el próximo 30 de octubre y ha manifestado que esta medida «condena a la inviabilidad a la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, poniendo en peligro los abastecimientos y el regadío que dependen de sus aguas».
El ‘Informe Técnico de Análisis de Sensibilidad del posible incremento de los desembalses de referencia al río Tajo’ ha sido expuesto por el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, en la reunión de la Comisión, celebrada de forma telemática y en la que han participado los representantes de las universidades, comunidades de regantes, asociaciones y sindicatos agrarios, entidades empresariales y ayuntamientos y grupos políticos que integran este órgano.
Jiménez, quien igualmente ha agradecido el acuerdo unánime de la comisión en apoyo al informe, ha resaltado que «si la subida de los caudales ecológicos, con desembalses en la Cabecera del Tajo que se incrementan en 78 hm3, se lleva a cabo provocará un daño irreparable tanto al regadío como al abastecimiento» de Alicante, Murcia y Almería.
Asimismo, ha explicado que la propuesta eleva de 6 a 8.5 metros cúbicos (m3) los caudales en la zona de Aranjuez cuando los datos recogidos en los últimos cinco años demuestran que la media del caudal es de 9m3, «lo que pone de manifiesto que este no es el problema». En este sentido, ha destacado que en la cuenca del Segura «los recursos hídricos se han optimizado al máximo apostando por la modernización de regadíos y una depuración y reutilización máxima», mientras que ha lamentado la deficiente depuración de aguas que hacen los municipios ribereños del Tajo.
Por su parte, los representantes de comunidades de regantes y asociaciones agrícolas han advertido del «incierto futuro» que se cierne sobre la agricultura de la provincia de Alicante. «Vamos a llegar a una situación insostenible donde no vamos a tener agua porque el precio se va a encarecer», ha indicado Jaime Berenguer, de Riegos de Levante, mientras que Eladio Aniorte, de ASAJA, ha acusado directamente al Gobierno central «de ser el responsable directo de esta situación».
Desde las distintas formaciones políticas también se ha respaldado el informe del Scrats. El alcalde de Elche, Carlos González, ha mostrado su apoyo al trasvase y ha apelado al consenso de todos. «Es muy importante tener un discurso que nos permita, pese a las diferencias, estar juntos en la defensa de esta infraestructura», ha indicado. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, también ha respaldado el informe del sindicato de regantes.
Desde la Diputación de Alicante y desde el ámbito académico se ha animado a las distintas entidades a presentar alegaciones contra la EpTI, no solo de carácter técnico, sino también socio-económico por el «impacto demoledor» que esta medida podría tener en los territorios afectados, tal y como han reconocido Joaquín Melgarejo y Andrés Molina, del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, quienes han recordado que «la fijación de los caudales ecológicos es discrecional».
Finalmente, desde el ámbito empresarial, Javier Verdú, en nombre de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), ha destacado que «es motivo de coincidencia fundamental alegar contra el aumento del caudal ecológico».
La sesión online ha contado también con la asistencia de los alcaldes de los municipios de Torrevieja, Eduardo Dolón, Benidorm, Toni Pérez, y Orihuela Emilio Bascuñana.
